El titular del juzgado de instrucción número 9 de València ha citado a declarar el próximo viernes como testigos a la presidenta en funciones de la Diputación de València, Maria Josep Amigó (Compromís), y otros tres representantes de PSPV en el consejo de administración de Divalterra.
La comparecencia está relacionada con la investigación sobre Jorge Rodríguez y otras cinco personas, entre colaboradores y cargos de la empresa pública, por presuntos delitos de malversación y prevaricación a cuenta de las contrataciones de altos directivos y un posible acoso para ejecutarlas.
Los cuatro citados fueron los únicos que participaron, junto a Rodríguez (presidente entonces de la corporación y de la firma), en el consejo de administración del 19 de febrero, en el que se aprobó la contratación del último alto directivo de Divalterra, Víctor Jiménez, que cubría una de las vacantes dejadas por dos que se habían trasladado a otros puestos.
Lo llamativo de esa convocatoria es que solo acudieron cinco de los catorce miembros del consejo, después de una intensa polémica por si se podían llevar a cabo nuevas designaciones después de las siete en 2015. Se saldó con un informe favorable del secretario del consejo (imputado ahora) que rebatía otros escritos en contra. Algunos de los ausentes habían delegado, no obstante, el voto en otros de los asistentes.
La contratación salió finalmente adelante por tres votos a favor y dos en contra, los de los representantes de PP y Cs. El PP denunció que la participación eran tan escasa que la decisión debía anularse. Pocos días después, Rodríguez sorprendía con una remodelación de la cúpula de la antigua Imelsa eliminando todos los puestos de alta dirección, salvo los de los cogerentes y el director jurídico.
Según señaló Amigó, la citación no fue del todo una sorpresa dada la vinculación con Divalterra y la posible ampliación de la investigación. Se puso a la disposición de la justicia y aseguró que habría una plena colaboración «para esclarecer los hechos».
