La titular del Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción han vuelto a denegar por segunda vez la libertad al exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en prisión desde el pasado 25 de mayo, según adelantó ayer el programa Àpuntdirecte y confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos.
La defensa del expresidente de la Generalitat ha vuelto a insistir en los motivos de salud (por la leucemia que se le diagnosticó en 2015 y por la que sigue en tratamiento que ha provocado varias visitas al hospital). La petición de libertad provisional (o arresto domiciliario) de la defensa del exministro se basaba en dos informes médicos, uno de ellos forense, en los que se apuntaba que Zaplana presenta un grave riesgo de sufrir «infecciones oportunistas» dado el «cuadro profundo de inmunosupresión» que padece el exministro, como consecuencia del tratamiento para la leucemia, según confirmaron a Europa Press fuentes de la defensa.
Aunque la magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de València ya rechazó estos mismos argumentos el pasado 4 de junio. La jueza, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, señalaba al exministro que «quien comete presuntamente un delito debe asumir las consecuencias de sus actos siendo él el único responsable». Y añadía que durante las vigilancias a las que se ha sometido a Eduardo Zaplana desde 2015 -cuando comenzó la investigación- los investigadores han confirmado que llevaba una vida «muy activa» acudiendo a restaurantes o a dar conferencias «desplazándose de un sitio a otro sin mascarilla, en un medio hostil donde se puede coger cualquier virus», según informó la «Cadena Ser».
La sección quinta de la Audiencia de València también avaló esta decisión el pasado 12 de junio que los investigadores del Caso Erial justifican en el elevado riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas por parte del ministro si queda en libertad. A Zaplana se le acusa de diez delitos: cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir. Junto a Zaplana siguen en la cárcel su presunto testaferro, Joaquín Barceló (a quien también se ha denegado la libertad), y su asesor fiscal Francisco Grau.
