El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona busca en la Diputación de Alicante y en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig algún rastro de la presunta trama por la contratación del sistema informático para el control del tráfico de las policías locales y ha requerido documentación a ambas instituciones.
La primera mantiene actualmente pendiente de adjudicación un contrato para instalar el servicio en varios ayuntamientos de la provincia mientras que en el municipio de la comarca de l´Alacantí el Consistorio ya suscribió esa contrata en junio de 2017.
Gespol opta a un contrato de un millón de euros en la Diputación de Alicante. El contrato está en este momento sin adjudicar, solo ha pasado por Junta de Gobierno y figura en la fase de valoración de ofertas. Entre las dos propuestas presentadas, una de ellas es la de esta firma, según pudo confirmar ayer este diario.
En el marco de esta investigación, la Policía se personó ayer en el Palacio Provincial para reclamar información a petición del juzgado que instruye el caso sobre la contratación de la institución con una docena de empresas, entre ellas la investigada.
Los servicios de Contratación elaboraron ayer mismo el informe en el que se negaba que cualquiera de estas firmas hubiera contratado anteriormente con la Diputación ni directamente ni a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), según fuentes consultadas de la institución provincial.
La Diputación de Alicante, sin competencias en materia de tráfico y gestión policial, licitó en abril tras aprobarse en Junta de Gobierno la contratación del suministro e implantación de un sistema de gestión policial para los ayuntamientos de la provincia, un software que permite coordinar a las policías locales en materia de regulación del tráfico o multas. El área responsable de la adjudicación, según consta en la licitación, es Presidencia de la Diputación de Alicante.
El contrato se licitó por un millón de euros al que habría que sumarle el IVA por dos años de duración. Fuentes de la Diputación de Alicante apuntan que fue una petición que se hizo en varias reuniones con asociaciones de policías locales y sindicatos de este sector. El vicepresidente primero Eduardo Dolón, quisó destacar que no hay ningún contrato con la empresa que aparece en la investigación.
