04 de julio de 2018
04.07.2018
Diputación de València

PSPV y Compromís no se ponen de acuerdo en la posible liquidación de Divalterra

Manolo Mata cree que "no debería existir", una postura que comparte con Podemos, mientras Mónica Oltra pide cautela

04.07.2018 | 14:20

La espina del cuatripartito que gobierna en la Diputación, personificada en Divalterra, no deja de generar reacciones en torno a su liquidación o su continuidad. Tanto PSPV como Compromís en la diputación no tienen posturas tan enfrentadas como las que han demostrado esta mañana la coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, y el portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata.

Oltra cree que hay que hablar sobre el futuro de Divalterra "sin apriorismos ni dogmas previos". Se ha escudado en la permanencia de los 700 trabajadores empleados por la empresa pública, por lo que no se puede actuar "con prisas ni con frivolidad". "Tenemos entre manos muchas vidas de muchas personas", ha resaltado.

Así se ha pronunciado Oltra en declaraciones a los medios en Les Corts al ser preguntada sobre un hipotético cierre de esta empresa de la Diputación de Valencia tras la Operación Alquería. Al respecto, ha recordado que es "una organización compleja" y hay que "tranquilizar a la gente" que trabaja en ella.

"Es una organización compleja, las competencias son complejas, la estructura laboral también", ha indicado respecto a la intención del PSPV de cerrarla al inicio de legislatura, para señalar que en su momento hubo "muchos condicionamientos jurídicos para tomar decisiones sin perjudicar el foco más importante, el tema de los trabajadores, aquí hay mucha gente sus familias dependen de estos salarios".

Y en ese punto es donde se desmarca de su socio de gobierno, el PSPV. El síndic de la formación, Manolo Mata, ha apuntado a que directamente, Divalterra "no merecería existir", tanto por su pasado como Imelsa como por su actualidad con el escándalo de la Operación Alquería. Mata asegura que estaría "contentísimo" si se liquidara la entidad.

Aún así, tampoco se ha aventurado a apostar a que el sucesor de Jorge Rodríguez en la diputación, que podría ser el socialista Toni Gaspar, decida echar el cierre. "Tomará una decisión muy pertinente", ha considerado Mata, e insistido por si esa decisión será cerrarla, ha apuntado que sería "una buena opción".

El portavoz se ha referido también a la postura firme de Esquerra Unida, miembro del cuatripartito en la diputación, de poner como condición el cierre de Divalterra para apoyar al candidato Toni Gaspar. Cree que es "respetable", pero considera que antes de eso ha de nombrarse un presidente "progresista" y que no le hagan "un Barcala", en alusión al proceso municipal que desembocó en el nombramiento del popular Luis Barcala como alcalde de Alicante.

Mata no ha evitado meterse en cuestiones más complejas como el futuro de los trabajadores. Pese a que EU y València en Comú ven factibles algunas vías para la absorción de los empleados tanto por la Diputación como por cualquier otro organismo, Mata ha reconocido que la disolución de Divalterra puede tener "un coste de despidos y de reestructuración que es complejo jurídicamente", y ha subrayado que en esa empresa "aún hay mucha gente que estuvo ayudando al yonqui del dinero a hacer cosas, y además en cargos directivos".

La cuestión ha sido recurrente en las preguntas de los periodistas a los representantes políticos de las Corts. El secretario general de Podemos, Antonio Estañ, se ha mantenido firme en las reivindicaciones de los últimos días y ha indicado que el nuevo gobierno provincial debe tener en cuenta como objetivo prioritario "acabar" con Divalterra "de la forma más ordenada posible", para lo que ha habido "tiempo suficiente", y generar el marco legal para vaciar de competencias a las Diputaciones, hasta que se puedan "eliminar".

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se ha reafirmado en la postura del PP en la diputación. Ha asegurado que "el problema no es la empresa", sino quiénes la gestionan, y ha anunciado que, si el PP gana las próximas elecciones y gobierna en la Generalitat y las diputaciones, las empresas públicas serán sometidas "exactamente a los mismos controles" de legalidad que la Administración.

A su juicio, lo que ha "fallado" en Divalterra ha sido "la dirección política", no los controles, "y eso no lo tienen que pagar los trabajadores, que realizan una labor que es necesaria y que hay que conservar y mantener".

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