04 de julio de 2018
04.07.2018
OPERACIÓN ENREDADERA

La trama de los semáforos salpica a Gandia y el Puig con contratos menores

Los dos consistorios, al igual que San Vicente del Raspeig, tenían contratado el sistema informático de gestión policial con la empresa Aplicaciones Gespol S.L - Un juzgado de Badalona investiga las adjudicaciones a dedo y mordidas en las contrataciones

04.07.2018 | 04:15
La trama de los semáforos salpica a Gandia y el Puig con contratos menores

La macrooperación policial desarrollada en la llamada «Operación Enredadera» sobre supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros, que instruye un juzgado de Badalona, en referencia a la contratación irregular de semáforos, videocámaras y otros sistemas de control del tráfico, ha puesto su lupa sobre dos ayuntamientos de la provincia de València: Gandia y el Puig de Santa María. A ellos se suman también, en Alicante, el municipio de San Vicente del Raspeig y la propia Diputación de Alicante, investigadas en la trama.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ordenó la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la empresa Aplicaciones Gespol, S.L., integrada en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

Por el momento la operación se ha saldado con 39 detenidos, entre ellos el empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del caso Gürtel; el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de la asociación de mandos policiales Unijepol; y Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos. (Más información de la trama nacional en la página 27).

Tanto el Ayuntamiento del Puig de Santa María como el de Gandia habrían contratado el sistema informático de gestión policial a través de la empresa Aplicaciones GesPol S. L., filial del grupo Sacyr. En el caso concreto del Puig, el juzgado ha autorizado un requerimiento de documentación al consistorio de l´Horta ante agentes policiales por la contratación del software de gestión.

El ayuntamiento valenciano formalizó un contrato el pasado 20 de octubre de 2017 de una duración de tres años para mantener el programa de Gespol (Gestión Policial) en la Policía Local del Puig.

El presupuesto por ejercicio es de 1.341 euros más IVA al año, por lo que la cuenta base para licitar el servicio es de 4.023 euros. Según fuentes municipales, «se adjudicó a la oferta más económica según el anuncio de formalización de contrato municipal».

Por su parte, la alcaldesa del Puig, Luisa Salvador, manifestó ayer desconocer el fondo del asunto y confirmó que no se había personado ningún agente policial para solicitar la documentación necesaria en torno a este asunto.

Los servicios contratados desde el ayuntamiento del Puig a la empresa Aplicaciones GesPol incluye la atención telefónica de la Policía Local del municipio, un sistema de tele asistencia, correo electrónico y asesoramiento tecnológico, aclararon estas mismas fuentes.

En este sentido, fuentes municipales aseguraron que la relación de la empresa con el ayuntamiento se remonta a hace más de 25 años y que la firma consumada el año pasado corresponde a una continuidad de contrato.

«Es el sistema estándar de gestión informática policial que se utiliza en toda la comarca», detallaron las mismas fuentes. Asimismo, desde el consistorio creen que el requerimiento de presentar documentación viene motivado por la renovación del contrato del pasado octubre, pero «no tiene nada que ver con ninguna trama de corrupción» y «no formamos parte de los ayuntamientos investigados por semáforos», remarcaron.

En el caso del Ayuntamiento de Gandia, la UDEF también les ha requerido documentación. Durante todo el día, funcionarios, concejales y asesores estuvieron buscando la conexión de la ciudad con la empresa investigada. Lo que se halló fue que el consistorio mantiene un contrato con Gespol desde hace más de 20 años.

Esta empresa se encarga de suministrar el software informático a través del cual gestiona el cobro de las multas. Concretamente la firma del primer contrato se remonta al año 1991 con Josefa Frau de alcaldesa. La relación con dicha empresa ahora investigada siguió con José Manuel Orengo.

El ayuntamiento paga alrededor de 4.500 euros anuales por el mantenimiento y actualización del sistema informático de Gespol, según la documentación encontrada durante la mañana de ayer. Además, desde hace unos meses, cuando empezó a operar la nueva empresa de la grúa y la zona azul, es esta firma la que gestiona el sistema informático, como aparece en el pliego de condiciones de aquella licitación.


Ayer se esperaba la presencia de agentes de la UDEF para entregarles la documentación encontrada, pero se espera que finalmente sea durante el día de hoy cuando se desplacen hasta Gandia para tener acceso a toda la información que existe en el ayuntamiento sobre el contrato con Aplicaciones Gespol.

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