El líder de la UGT-PV, uno de los tres patronos del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), ve «lamentable» el supuesto espionaje del número tres de la Conselleria de Transparencia que fue sorprendido haciendo fotos el pasado viernes desde el jardín del edificio que comparten ambas instancias (el de «La Cigüeña» en el Paseo de la Alameda de València). «De ser ciertas las quejas de los trabajadores del TAL, de las que no dudamos, nos parece lamentable», aseguraba Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, a este diario.

El sindicato admite que ha recibido «quejas» por incidentes con personal de Transparencia, por lo que el patronato de la fundación se reunirá para analizar las quejas y emitir un comunicado con una postura oficial sobre la situación destapada por el incidente adelantado por Levante-EMV y protagonizado por Alfonso Puncel.

El representante de CC OO en el Tribunal de Arbitraje Laboral, Daniel Patiño, por su parte, elude comentar el incidente del pasado viernes. Únicamente recuerda que las instalaciones ocupadas actualmente por el TAL «tienen carácter coyuntural» y provisional. Unos despachos que, destaca, «son compartidos con la Conselleria de Hacienda, Economía, Transparencia e, incluso, ha llegado a estar Patrimonio en estas instalaciones. Es un lugar polivalente para las policonselleries». Por ello, CC OO reclama unas «instalaciones en condiciones» no sólo para la sede del TAL en València, sino también para las de Alicante y Castelló.

Patiño recuerda que el TAL se trasladó al edificio de La Cigueña en septiembre, debido a que el piso en el que estaban ubicados anteriormente (en la misma Alameda) tenía un coste muy elevado, por lo que se rescindió el contrato.

El Tribunal de Arbitraje Laboral es una fundación privada, integrada por la patronal CEV y los sindicatos CC OO y UGT, destinada a la resolución de conflictos colectivos, un mecanismo de conciliación extrajudicial. La institución está adscrita a la Conselleria de Economía y se nutre de una partida fija de 663.000 euros de este departamento. La CEV también confirmó ayer haber recibido quejas por las presiones de la Conselleria de Transparencia para abandonar el edificio.