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Ulibarri, un constructor metido a magnate de la comunicación

El constructor leonés pendiente de juicio por la Gürtel se hizo con 13 licencias de TDT con Francisco Camps al frente de la Generalitat Valenciana y montó la ya fracasada red de Tele7. Es uno de los pesos pesados detenidos ayer en la Operación Enredadera.

El constructor leonés José Luis Ulibarri extendió sus negocios a la Comunitat a Valenciana a la sombra del Consell de Camps. El empresario investigado en el caso Gürtel.

Ulibarri irrumpió en 2007 en el mercado audiovisual valenciano al tiempo que su constructora Begar comenzaba a hacer pinitos en el universo de las adjudicaciones públicas. El empresario logró la adjudicación de trece licencias de TDT, que gestionaba a través del grupo Mediamed. Además, Ulibarri participó en la construcción del hospital de Llíria, que la Conselleria de Sanidad adjudicó a una UTE en la que se integró Begar.

Sin embargo, menos de tres años después, lo que prometía como un negocio con gran futuro terminó en fiasco. Tele 7 nació con el pecado original de ser un proyecto de diseño financiado políticamente. La propia Generalitat Valenciana conminó a propietarios de pequeñas televisiones locales alegales a aliarse con Ulibarri y otros accionistas cercanos al poder para garantizarles la continuidad de las emisiones. La crisis económica, las batallas internas por el control de la empresa y la implicación de Ulibarri en el caso Gürtel provocaron el derrumbe de Tele 7 como un castillo de naipes.

Al final, las licencias quedaron en manos de otra persona ligada al PP: Laura Rodríguez Doñate, ex candidata del Partido Popular a las Cortes de Castilla-La Mancha, impulsó desde Alicante la televisión autonómica 12 TV. Rodríguez Doñate se hizo con las licencias que pertenecían a Tele 7.

Ulibarri siguió ligado a los medios de comunicación en Castilla y León. Gracias a Gobierno de Juan Vicente Herrera consiguió la gestión de la televisión privada RTVCYL, que recibe financiación pública.

Otras empresas de Ulibarri también encontraron mercado en la Generalitat de Camps. La firma Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia logró el contrato para limpiar los centros de la Agencia Valenciana de Turismo los años 2007 y 2008 por 1,3 millones de euros.

Investigado desde el principio en la trama Gürtel, Ulibarri compartió abogado con los cabecillas de la trama (el fallecido Ignacio Peláez), que aprovechó que había sido grabado en prisión para presentar una de las tres denuncias que acabaron con la inhabilitación del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Un imperio en decadencia

El entramado empresarial de Ulibarri se ha tambaleado en los últimos años. Elodea, el grupo constructor heredero de Begar, entró hace dos años en concurso de acreedores con una deuda de 189,63 millones de euros y un activo de solo 34,84 millones.

El empresario está pendiente de ser jugzado por su presunta implicación en el caso Gürtel. La Fiscalía pide que sea condenado a 7 años y 1 mes de cárcel por prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil.

La supuesta vinculación de Ulibarri se circunscribe a irregularidades en los contratos adjudicados a la trama Gürtel en el ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte. Concretamente, está acusado de la adjudicación a una de sus empresas, UFC SA, de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, en cuya adjudicación supuestamente participó una sociedad que ayudó a encubrir una comisión ilícita. La vista oral está pendiente de señalamiento.

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