Más de 500 de los 700 empleados de Divalterra son brigadistas forestales, un personal que de junio a septiembre, en el periodo de riesgo mayor de incendios, pasa a depender orgánicamente de los Bomberos y a estar en situación de emergencia para colaborar en las tareas paralelas y posteriores a la extinción de cualquier fuego.
Divalterra, empresa de la Diputación de València, está descabezada y sin capacidad de adoptar decisión alguna desde el miércoles de la semana pasada, cuando los dos cogerentes (Agustina Brines, Compromís, y Xavier Simón, PSPV) fueron algunos de los detenidos en la Operación Alquería. Otros de los caídos fueron el expresidente de la corporación y del consejo de administración, Jorge Rodríguez, y el secretario de este órgano, Jorge Cuerda.
Los cogerentes y el consejo son los únicos capacitados para autorizar cualquier gasto. Apartados los dos como consecuencia de la actuación judicial, Divalterra (la vieja Imelsa) ha quedado a la deriva en plena campaña estival de incendios. Decisiones como la compra de combustible para los vehículos y la maquinaria de las brigadas no pueden adoptarse en este momento. El pago de la Seguridad Social, el aumento salarial aprobado en los Presupuestos del Estado de 2018, las facturas de luz, agua o de cualquier otro gasto menor o mayor son cuestiones bloqueadas en este momento.
Técnicos de la empresa han puesto en conocimiento de la ahora presidenta en funciones de la diputación, Maria Josep Amigó (Compromís), la situación. Por escrito, para que no quepan dudas. La nueva titular ha actuado rápido. Según ha podido saber Levante-EMV, ayer mismo comunicó a la escasa estructura directiva superviviente que piensa convocar un consejo de administración la semana próxima para aprobar una solución de urgencia para los meses de verano. Según esta versión, no habrá una salida estable para Divalterra como mínimo hasta septiembre. Se considera que no se puede actuar con firmeza mientras no haya nuevo presidente de la diputación (y de la empresa). Todo al margen de debates políticos sobre si liquidar o mantener la sociedad.
Una posibilidad es que el consejo dé poderes a un directivo de Divalterra para autorizar pagos inferiores a 6.000 euros. De no ser así, el consejo tendría que reunirse casi semanalmente (lo hacía antes mensualmente para firmar las nóminas) para asumir las decisiones de la gestión diaria.
El consejo también tendrá que proponer nuevo secretario y aprobar las bajas de los cogerentes, alejados de sus despachos en concordancia con lo dictaminado por sus partidos.
Bronca en las Corts
La operación ya es munición en las Corts. El PP aprovechó el primer pleno tras las detenciones: «¿Esta es la gestión de los recursos humanos, la de enchufar a amiguitos de Compromís y PSPV para presuntamente financiar a sus partidos?», preguntó Juan Carlos Caballero. Le contestó Clara Tirado: «No es lo mismo que un músico de una banda robe el dinero de la lotería a que todos los músicos con el director a la cabeza tramen una estructura para robar».
