Las Corts aprobaron ayer la ley de Fomento de la Responsabilidad Social, por la que se incluirán criterios sociales, éticos y medioambientales en las empresas que opten a contratos públicos. Uno de los requisitos es las entidades licitadoras y contratistas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales.
La ley, impulsada por el conseller de transparencia Manuel Alcaraz, fue aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos el PP, que votó en contra por ser una norma «cosmética», que no tiene profundidad. Se trata de incluir en los contratos públicos cláusulas que aseguren las buenas prácticas en distintas áreas. La ley fue pactada con los sindicatos y la patronal, e incluye también el compromiso de las empresas de subrogar al personal contratado cuando finalice el acuerdo con la Administración.
La diputada de Compromís, Graciela Ferrer, destacó el «amplio debate» que ha permitido un «consenso elevado» de los grupos parlamentarios.
Reducir los plazos a la mitad
Otra norma que salió adelante aunque solo con el apoyo de los partidos del Botànic y con PP y Cs en contra, fue la Ley de aceleración de la inversión a proyectos prioritarios, que agilizará los plazos administrativos a obras que se condieren prioritarias. En concreto, aquellos que superen los 600.000 euros de inversión, que creen más de 10 puestos de trabajo y cumplan con la sostenibilidad ambiental, social y económica.
