El equipo de gobierno de la Diputación de València se reunió ayer como primer paso para superar la conmoción política que provocó la «Operación Alquería» que se llevó por delante al presidente socialista Jorge Rodríguez y los dos cogerentes de Divalterra.
La presidenta en funciones de Compromís, Maria Josep Amigó, se mostró «satisfecha» por el transcurso de la reunión. Fuentes presenciales aseguraron que no hubo «nada nuevo sobre la mesa», pero sí repasar aquello que necesita un acelerón antes de que termine la legislatura en 2019.
Amigó dejó claro que hasta la investidura del nuevo presidente, prevista para dentro de 20 días aproximadamente, habrá continuidad en el modus operandi que tenía la diputación hasta el miércoles pasado, una incidencia política que el cuatripartito tiene claro que hay que superar.
El próximo lunes habrá una junta de portavoces donde el candidato propuesto por los socialistas, Toni Gaspar, presentará su proyecto para ser investido presidente. La reunión de ayer dejó sentadas las bases de lo que cada grupo espera cumplir en la nueva etapa de ser Gaspar presidente, por lo que deberá satisfacer las premisas de cada uno.
Amigo, preguntada por el voto de Compromís, repitió el mantra del partido desde que el PSPV propusiera a Gaspar. «No importa el quién, sino el qué». En el caso de València en Comú y de EU dejaron claro que su voto está condicionado a que se atiendan sus peticiones.
El cierre de Divalterra blindando a sus trabajadores y una auditoría en profundidad de Egevasa. La marca de Podemos en la diputación añadió, además, activar la partida presupuestaria destinada a elaborar un informe jurídico que evalúe las fórmulas para transferir competencias provinciales a la Generalitat.
La liquidación de Divalterra también fue otro de los puntos sometidos a debate. El PSPVEn los últimos días, el partido de Amigó ha virado su discurso y se ha posicionado a favor del cierre, incluso la propia presidenta en funciones indicó que hay que ver «qué se puede hacer con los trabajadores para transferirlos a algún área de la diputación», dando por sentada la liquidación de la empresa pública y la absorción de sus servicios por parte de la corporación.
Lo que parece claro es que Gaspar tendrá que añadir un epígrafe a su proyecto político especificando qué va a ocurrir en los próximos meses con Divalterra. Aunque la decisión política fuera la extinción, fijar un calendario se presume como una tarea complicada.
La reunión, fue «muy bien» según las fuentes consultadas, que reconocieron que también hubo momentos de tensión. Cerraron el calendario para el relevo del presidente y no pretenden entretenerse demasiado. La junta de portavoces del próximo lunes fijará para la misma semana la fecha del pleno que validará la dimisión de Rodríguez y su sustitución por Rebeca Torró.
En un segundo pleno tomará posesión como diputada provincial y un tercero investirá al nuevo presidente. Todo eso en no más de 20 días , tal como marca la ley, pero se intentarán ajustar mucho más los plazos y agilizar los trámites para restablecer la imagen de normalidad política de la diputación.
