Era de esperar. El PP y Ciudadanos aprovercharon la primera sesión parlamentaria de control al Consell posterior a la Operación Alquería para usarla como munición contra la «corrupción» del PSPV. «¿Se acuerda de cuando los informes de la UDEF y la UCO eran casi como sentencias firmes?», preguntó Isabel Bonig a Ximo Puig, al que ve «acechado por la corrupción». La número dos del PPCV, Eva Ortiz, habló incluso de «J. Rodríguez», en paralelismo con el «M. Rajoy» de los papeles de Bárcenas.
En un ambiente tenso, Puig replicó que la diferencia está en la respuesta a comportamientos «inadecuados». Rodríguez, recordó, ha dimitido, mientras el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, está imputado y continúa en el cargo.
Puig anunció además un protocolo conjunto con la Agencia Antifraude para promover el «compliance» (plan de prevención y detección de riesgos penales) en todas las empresas públicas.
El jefe del Consell acusó además de ser «la única diputada» que acudió «dopada» a las últimas elecciones. «Lo acredita la sentencia judicial», dijo.
