El Juzgado de Instrucción 43 de Madrid ha archivado la investigación contra Etelvina Andreu y nueve altos cargos más del Ministerio de Sanidad en 2008 por el presunto trato de favor en la adjudicación de un contrato a la consultora de comunicación, Crespo Gomar SL, responsable de la campaña electoral de Andreu en las elecciones municipales de 2007.
El juez Fernando Fernández Olmedo sobresee provisionalmente la causa por prevaricación y malversación contra los diez investigados porque «ni en el desarrollo del expediente ni en su conclusión se han apreciado irregularidades que lleven a concluir la existencia de indicios de los delitos que da lugar a la incoación de la presente causa». El auto se puede recurrir en reforma ante el mismo juzgado o en apelación ante la Audiencia de Madrid.
El magistrado recuerda que la investigación se inicia tras la denuncia del Juzgado de Instrucción 21 de València quien, tras investigar la presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc en la campaña electoral de 2007, decide archivarla porque los hechos habrían prescrito. La sospecha es que ambas formaciones se beneficiaron del pago de actos de la campaña electoral de 2007 por parte de empresas privadas. Una mecánica, calcada a la realizada por la trama Gürtel con el Partido Popular que acaba de ser condenada por la Audiencia Nacional. En esta caso la consultora de comunicación Crespo Gomar SL sería la responsable de organizar actos electorales de PSPV y Bloc, que habrían sido abonados en parte por empresas privadas. A cambio, se sospechaba que Crespo Gomar SL habría resultado agraciado con contratos del Gobierno central cuando estaba dirigido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Las adjudicaciones sospechosas realizadas por empresas del Ministerio de Medio Ambiente se archivaron porque los hechos habrían prescrito. Tras el sobreseimiento de la investigación sobre el contrato de Sanidad, se siguen investigando otra adjudicación del Ministerio de Vivienda, los opinómetros de Benidorm y una subvención sospechosa en Gandia.
El informe pericial sobre el contrato de Sanidad apreciaba «posibles irregularidades como la clasificación en el anuncio de licitación, la fijación del plazo para concursar, la designación genérica de los miembros de la mesa de contratación, la subsanación de defectos efectuada respecto de una de las empresas que participan en el concurso o el informe técnico elaborado». Sin embargo, tras escuchar a los diez investigados, el titular del Juzgado de Instrucción 43 ve plausibles sus explicaciones. Sobre Etelvina Andreu el magistrado señala que «de su actuación tampoco se desprende en su actuación la comisión de irregularidad alguna que sea indicio de la comisión de ningún delito». Y añade que «el hecho de que existiera una relación anterior entre la empresa y la investigada cuando fue candidata a la alcaldía de Alicante no lleva a la conclusión de que su participación en el expediente haya determinado una irregularidad en la adjudicación.
