El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba el pasado jueves en las Corts una ley de gobiernos locales para coordinar las competencias de las diputaciones provinciales (lo que no pudo hacer a través de los decretos que fueron tumbados por el Tribunal Supremo). No es el único paso que el Ejecutivo del Botànic está realizando para superar las estructuras provinciales: ha empezado los contactos para diseñar un cuerpo de bomberos único en la Comunitat Valenciana, por encima de los mecanismos provinciales que rigen en la actualidad.

Representantes de los tres partidos del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) han mantenido encuentros esta semana con el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, para poner las bases de un «proceso participativo» que debería acabar en un consorcio único de bomberos.

Sin prisas. El proyecto está en fase embrionaria y se da por hecho que no fructificará durante la legislatura actual. A la siguiente, en el caso de que la alianza de izquierdas revalide su mayoría.

El origen, según ha podido saber este diario, está en una propuesta parlamentaria de la formación morada encaminada en un principio a instar al Consell a aprobar con urgencia el cuerpo único.

La complejidad de los trámites ha llevado sin embargo a consensuar la puesta en marcha de los análisis para la citada estructura autonómica para las fuerzas de extinción de incendios.

La complejidad viene marcada por la dispersión actual de organismos. Existen cuerpos de bomberos de las tres diputaciones provinciales y otros tantos adscritos a los ayuntamientos de las capitales. A ellos hay que unir los bomberos forestales de la Generalitat (adscritos a Tragsa). El mando operativo lo tiene la Administración autonómica, pero otra cosa es la regulación y la gestión de los distintos organismos.

Al margen de motivaciones ideológicas (los partidos progresistas de la Comunitat Valenciana han defendido históricamente la superación de las estructuras provinciales), existen razones técnicas de coordinación y aprovechamiento de estructuras.

La incógnita es cómo responderán las diputaciones en este momento (las de Alicante y Castelló se han manifestado contrarias a cualquier aligeramiento de competencias).

No obstante, el proyecto de consorcio está recogido en la ley de servicios de prevención de incendios y de salvamento de 2011, en la etapa del PP. Dice en su artículo 6 que los ayuntamientos, las diputaciones y la Generalitat «podrán convenir entre sí» la prestación del servicio de extinción de incendios mediante la forma jurídica de un consorcio. Único.

Fue el entonces conseller de Gobernación Serafín Castellano (investigado precisamente en el caso del cártel del fuego) quien realizó un primer intento de unificación, pero chocó con las corporaciones provinciales, a pesar de estar regentadas por su mismo partido.

Una posibilidad, que opera en Cataluña desde hace décadas, es que alguna administración quede al margen del cuerpo único.

De momento, solo está el proyecto y el impulso para activar el consorcio autonómico. Y bastantes incógnitas, como la forma de unificación laboral de los distintos cuerpos y las consecuencias para la ciudadanía. Por eso, el primer paso de Ángel será reunir a sindicatos y agentes sociales.