La presidenta en funciones de la Diputación de València, Maria Josep Amigó, considera «ejemplarizante» la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 que impone nueve años de suspensión de funciones al funcionario Carles Recio, jefe de la Unidad Bibliográfica de la corporación provincial, por cobrar diez años sin acudir a su puesto de trabajo.
A pesar de la «satisfacción» con la sentencia, los servicios jurídicos de la diputación estudiarán la posibilidad de interponer recurso, dentro del plazo concedido para hacerlo. «Aunque la sentencia no estima la separación del servicio como habíamos pedido desde la fiputación, avala con rotundidad el procedimiento seguido por esta institución en su expediente y pone en valor y describe todas las pruebas que hemos aportado», señala Amigó en un comunicado. Amigó ve «muy positiva» la sentencia porque, a pesar de estimar parcialmente el recurso de Recio, que pedía no ser inhabilitado permanentemente, «ha impuesto dos penas que se acumulan, una de seis años, que es la pena máxima para un caso así, y otra de tres que suman nueve de inhabilitación». «Desde el gobierno de la Diputación se ha actuado con decisión y contundencia con un tema que venía de anteriores corporaciones y hemos trabajado para corregir esta situación irregular e inaceptable, como lo demuestra esta sentencia ejemplarizante», manifiesta Amigó.
El juzgado ha aceptado parcialmente el recurso interpuesto por Carles Recio contra el decreto de agosto de 2017 del presidente de la corporación provincial, por el que se le imponía la sanción de separación de servicio y tres años de suspensión de funciones por una falta muy grave continuada de abandono del servicio y le ha reducido la sanción, como ayer contó Levante-EMV.
