07 de julio de 2018
07.07.2018

PP y Cs ratifican sus denuncias por los contratos de Divalterra

PSPV y Compromís defienden la legalidad de las contrataciones y la honradez de los investigados

07.07.2018 | 00:03
PP y Cs ratifican sus denuncias por los contratos de Divalterra

Los dos miembros del consejo de administración de Divalterra que denunciaron las siete contrataciones de altos cargos que ahora investiga la justicia ratificaron ayer ante el juez y el Fiscal Anticorrupción de la «Operación alquería» el contenido de las denuncias que ambos presentaron ante la Fiscalía. Unos contratos que, según han denunciado ambas formaciones contaban con una docena de informes jurídicos en contra.
Rafael Soler (PP) y Jorge Ochando (Ciudadanos) fueron muy cautos a la salida de sus declaraciones ya que la causa sigue secreta y fueron advertidos de las consecuencias si revelaban el contenido de su declaración. De hecho, los abogados de los seis investigados por prevaricación y malversación no fueron citados a las declaraciones de los cuatro testigos convocados ayer debido al secreto de las actuaciones que se prolongará, previsiblemente, hasta después del verano.

Soler justificó que la denuncia que presentó el PP se hizo para «defender los derechos de la Diputación y nuestra responsabilidad como consejeros de Divalterra porque considerábamos que había irregularidades pero quien tiene que estimar si hay o no hay es el juez».
Ochando también confirmó a la salida de su declaración que ratificó punto por punto la denuncia presentada el pasado mes de abril ante la Fiscalía por las irregularidades que detectaron en las contrataciones de los siete altos directivos en Divalterra. Sobre la situación de los seis investigados en el Caso Alquería, Ochando reclamó su cese inmediato. «Se debería convocar el consejo de administración y lo primero que tiene que hacer es cesarlos», aseguró a los periodistas a las puertas de la Ciutat de la Justicia.

Brines, destituida de cogerente
Por el contrario, los representantes de Compromís y PSPV defendieron la legalidad de los contratos investigados. Maria Josep Amigó (Compromís), presidenta en funciones de la Diputación de València, aseguró que no le constaban ilegalidades en las siete contrataciones. Aunque sí admitió que los miembros del equipo de gobierno se plantean que «hay que hacer una reflexión» sobre Divalterra, aunque con la premisa de que «lo importante es preservar los derechos de los trabajadores y mantener los servicios que prestan a los ayuntamientos». Estas declaraciones se producían minutos antes de conocer que Compromís decidió ayer destituir a la cogerente de Divalterra Agustina Brines, una de las seis personas investigadas en la causa, decisión que se ratificará en la próxima reunión del consejo de administración de la empresa.
Por último, Pablo Seguí (PSPV) manifestó estar «tranquilísimo» tras su declaración además de «confiado» en la honestidad de sus compañeros de partido y del equipo de gobierno de la diputación. «Hemos podido meter la pata, y ya nos dirán en qué, pero no la mano. Y vamos a seguir trabajando por los ciudadanos como hemos hecho hasta ahora».

Preguntado por la petición de Ciudadanos y PP para que cesen y suspendan de empleo y sueldo a los investigados, Seguí respondió que «me hace mucha gracia que digan eso, cuando el anterior gerente del PP (en referencia a Rafael Soler) nos pidió que le guardáramos el puesto de gerente en la empresa pública. Hay que tener mucha cara para hacer ciertas declaraciones que está haciendo».

La portavoz del PP en la diputación, Maria José Contelles, criticó la nueva ley de gobiernos locales anunciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. «Un intento de desviar la atención ante los casos de corrupción que afectan a su partido. Ahora pretende eliminar la diputación cuando en realidad el problema son los presuntos corruptos que la gobiernan».

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