No son tan viejas (las provincias son un invento de 1833), pero huelen a naftalina. Más, si la distancia es mayor con el centro. Y más, si en esa periferia existe algún sustrato nacionalista. Entonces las provincias, y su órgano de gobierno, las diputaciones, se ven como un tentáculo del centralismo frente a las instituciones de autogobierno resultantes de la Constitución de 1978.
Es un debate guadianesco, el de la eliminación de las diputaciones. Va y viene, según la coyuntura política y los escándalos, pero sin avances sustanciales. También porque al final el partido de turno que gobierna se acaba acomodando a las circunstancias y le cuesta levantar la mano contra las decenas de diputados, asesores y altos cargos premiados con una canonjía provincial. Los diputados provinciales ni siquiera son fruto de la elección directa de los ciudadanos. También porque, en el caso valenciano, ha arraigado un sentimiento provincial en su propia periferia como respuesta a un centralismo de València: la Comunitat invertebrada.
Ha habido intentos de transformación (las comarcas valencianas o las vegueries catalanas), pero no han pasado de cierto maquillaje más o menos frustrado del ordenamiento territorial. La razón de fondo de la resistencia de las diputaciones es que están consagradas en la Constitución. Y a ver quién abre ese melón.
El Consell del Botànic lo ha intentado. Su propuesta de reforma constitucional aprobada en febrero incluye un apartado para que, en el camino hacia una España federal, cada autonomía se organice internamente como considere. En esa línea se pronunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, esta semana en las Corts, ahora que las diputaciones vuelven a ser asunto de debate: «Es el Estado federal al que aspiramos», decía. Y manifestaba la voluntad del Ejecutivo valenciano de «jugar un papel claro en un nuevo modelo territorial para España».
Para eso habrá que ver dónde está España y su gobierno. De momento, el Ministerio de Política Territorial, en manos de la catalana Meritxell Batet, no se pronuncia. Demasiado pronto para detalles, dice. Las diputaciones no formaron parte de su discurso de presentación de su proyecto. En todo caso, la reforma constitucional se antoja una empresa demasiado importante para un gobierno en clara minoría.
La piedra angular del debate es la paradoja de un estado de las autonomías que consagra las provincias. A partir de ahí, toda iniciativa contra las diputaciones deriva en puro ejercicio de retórica política. Choca contra un muro.
Pero posibilidades las hay. El debate no es nuevo. Ya en la elaboración de la Carta Magna actual hubo un proyecto previo que daba más flexibilidad a los territorios para organizarse. No prosperó. Se impuso la protección de las provincias, con casi dos siglos de arraigo. Lo recuerda el expresidente del Consell Jurídic Consultiu Vicente Garrido, un opositor a las provincias con solera: en 1984 publicó La gran reforma pendiente. Era esta.
Para eliminar las diputaciones está claro que solo cabe la reforma constitucional, pero hay opciones para reducir estas corporaciones: el Estatut d´Autonomia, recuerda el catedrático de Derecho Constitucional, permite que la Generalitat coordine «por ley» (no por decreto, como intentó el Consell y el Supremo rechazó) las funciones de las tres provincias.
Incluso habría una forma de fulminar las diputaciones por la puerta de atrás, aventura Garrido: modificar el Estatut y calificar la C. Valenciana como uniprovincial. Y en autonomías con provincia única no hay diputación.
Una fórmula difícil, quimérica, dado que no existe unanimidad política. El catedrático sostiene que el debate no es ideológico, sino de grupos oriundos, pero de momento el PP autonómico (no solo el de Alicante o Castelló) se pone detrás de la bandera de las provincias. «La diputación es una administración que entiende la idiosincrasia de la C. Valenciana, que vertebra y permite que no haya ciudadanos de primera y de segunda», dice Isabel Bonig. Ciudadanos, en cambio, sí aboga por evitar de cuajo un sistema que facilita las duplicidades. Ahora, el debate vuelve a la mesa por la Operación Alquería, que ha supuesto la detención (y posterior dimisión) del presidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez y otros cinco cargos públicos. Si se mira al pasado, los tres expresidentes anteriores de las tres corporaciones están investigados judicialmente. ¿Casualidad? Para Antonio Estañ (Podemos), no. «Son las instituciones más saneadas económicamente y las menos fiscalizadas, potenciando el funcionamiento clientelar», afirma.
Palabras para el debate, viejo e inagotable. Ortega y Gasset, como señala Vicente Garrido, ya hablaba de ese «torpe tatuaje con que se ha maculado la piel de la península». Hablaba de las provincias.
