La presidenta en funciones de la diputación, Maria Josep Amigó, ha anunciado tras la reunión del equipo de gobierno un cierre "ordenado" de la empresa, es decir, avalado por las garantías jurídicas necesarias para el vaciado de competencias de la empresa publica.

De esta forma, los cuatro partidos del gobierno se colocan en la misma posición. PSPV, Valencià en Comú y EU ya hicieron pública su voluntad de liquidar la empresa conocida antes como Imelsa, pero Compromís se resistía a tomar una decisión rotunda. Así, como ha declarado Amigó, "todos nos situamos en la misma hoja de ruta".

La empresa pública volvió a situarse en el punto de mira tras la investigación por irregularidades administrativas en la contratación de altos cargos bajo el gobierno del socialista Jorge Rodríguez, por el que fue detenido en el marco de la 'Operación Alquería' y puesto en libertad con cargos posteriormente, así como sus dos asesores y la gerencia de Divalterra.

Aunque no se pueden programar plazos, la presidenta ha querido subrayar que los brigadistas no sufrirán ninguna consecuencia del cierre: se buscará un futuro para ellos tanto dentro de la diputación si jurídicamente es posible como ser asumidos por otro organismo público.

El Consejo de Administración de Divalterra se celebrará el jueves donde se cesarán a los tres cargos implicados en el Caso Alqueria: los dos cogerentes Agustina Brines (Compromis) y Xavier Simón (PSPV) y el secretario y letrado Jorge Cuerda. Los tres abandonarán el cargo aunque Cuerda se mantendrá en la administración local dada su calidad de funcionario.

"Hay muchos trabajadores y por eso se va a hacer de forma ordenada", ha matizado Amigó tratando de tranquilizar las inquietudes de los brigadistas por su futuro. También se debatirá qué pasará con el personal de administración de Divalterra.

Mañana se celebrará la junta de portavoces de la diputación para poner fecha al pleno para ratificar la dimisión del presidente de la diputación Jorge Rodríguez, implicado en el 'Caso Alquería", y dar cuenta de la diputada que le sustituye, la ex directora general de Vivienda, Rebeca Torró.