Las obras de remodelación del Palacio de Justicia de València durarán al menos cinco años y obligarán al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat a trasladarse al edificio que albergó la sede de la Conselleria de Gobernación hasta 2014, cercano al Palau de las Corts Valencianes y que supondrá un alquiler mensual de 25.000 euros para la Generalitat.
Así lo ha explicado este lunes la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, quien ha presentado a los medios la sede provisional del TSJCV junto a la presidenta del Alto Tribunal valenciano, Pilar de la Oliva, y el fiscal superior, Antonio Montabes.
Dada la antigüedad de la sede, el actual Palacio de Justicia y antigua Real Casa de la Aduana adolece de importantes carencias en sus instalaciones y, ante "las condiciones de seguridad y salubridad en el trabajo que tanto reclaman los trabajadores, hay que ser generosos", según Bravo, quien ha cifrado en 25 millones de euros el coste de este proyecto.
El alquiler mensual de la sede provisional supone un "ahorro de 20.000 euros que pagaba el Consell en 2013 con respecto al actual", ha añadido la consellera, quien ha añadido: "Yo era consciente de la grave situación y las graves deficiencias del TSJ y me lo tomé como una prioridad desde el primer momento".
El proyecto de acondicionamiento, que se le encomendó a Tracsa, concluirá a finales de julio, de manera que las obras se iniciarán en septiembre y, tras los cuatro meses previstos de duración, el personal se trasladará a la sede provisional a lo largo del primer trimestre de 2019, comenzando la restauración de la Real Casa de la Aduana en este mismo periodo.
La Real Casa de la Aduana tiene una superficie de 14.000 metros cuadrados pero para albergar provisionalmente el TSJ sólo hacía falta un inmueble de unos 3.000 metros cuadrados construidos, según la conselleria.
Este edificio debía estar situado en un lugar céntrico de la ciudad de València, con buenas comunicaciones por transporte público y que pudiera ser dedicado en exclusiva a su nueva función para evitar interferencias y por razones obvias de seguridad.
Además, debía ser un edificio accesible (o susceptible de ser adaptado) y con acceso público a pie llano desde la calle, añaden desde Justicia; el edificio provisional albergará la Presidencia y la Secretaría de Gobierno del TSJ, la Fiscalía, las salas de lo Social, lo Contencioso Administrativo y lo Civil y Penal, así como los servicios comunes y otras dependencias auxiliares.
Según Bravo, a partir de los cinco años, el contrato, que incorpora ocho meses de carencia, se podrá prorrogar anualmente con un alquiler que pasará a los 30.000 euros.
"Tanto el fiscal superior como la presidenta valoran el trabajo intenso que se ha realizado desde la Conselleria para llegar hasta aquí", ha señalado la consellera.
