La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, acaba de presentar en el Palau de la Generalitat el «Plan de infraestructuras judiciales para la Comunitat Valenciana» que contará con una inversión de 200 millones de euros global entre 2017 y 2021. En presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, el Fiscal Jefe de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, el decano de los jueces de València, Pedro Viguer, así como representantes de los letrados de la administración justicia y otros operadores jurídicos.
Las inversiones irán destinadas, según ha detallado Bravo, a construir nuevas sedes judiciales, como Alicante que contará con una nueva Ciutat de la Justícia, reformas integrales de edificios ya existentes, mejora de la eficiencia energética y la seguridad de las sede judiciales. Además de Alicante, las ciudades que contarán con nuevas sedes judiciales son Gandia, Torrent, La Vila Joiosa, Mislata, Orihuela, Sueca, Alzira, Llíria y Xàtiva. Todos los alcaldes de estas localidades han asistido al acto celebrado en el Palau de la Generalitat, con la protesta de los trabajadores de las ambulancias como ruido de fondo.
El nuevo plan también incluye la creación de una unidad administrativa encargada exclusivamente de la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento, que se incrementa hasta los 9 millone de euros de presupuesto. También se creará un nuevo sistema centralizado de protección y seguridad de las instalaciones judiciales que incluye la actualización y ejecución de planes de emergencia, evaluación y mejora de los sistemas de seguridad y protección contra incendios y la creación de un centro de control integrado para todos los juzgados valencianos.
