El equipo de gobierno de la Diputación de València anunció ayer el «cierre ordenado» de Divalterra, que suena a mensaje para satisfacer a casi todos. Cierre, como venían exigiendo los socios minoritarios (EUPV y València en Comú, y también compartía la dirección de país del PSPV, no tanto el grupo socialista en la corporación). Y ordenado, sin prisas ni fechas, a la espera de los informes que den todas las garantías, que es como intentar tranquilizar a los empleados (700) con que la cosa va para largo.
Y cuando el tiempo entra en juego, todo puede pasar. Más, especialmente, si en meses hay elecciones autonómicas y municipales y todos los que están hoy alrededor de la mesa del Palau de Batlia pueden estar en un lugar lejano.
Mirar al pasado, además, aumenta la incertidumbre sobre la decisión anunciada ayer. El PSPV aterrizó en 2015 en la diputación con el mensaje de acabar con Imelsa (hoy Divalterra), epicentro de corrupción con el sello de Alfonso Rus y Marcos Benavent, pero pronto cambió el discurso por el del saneamiento de la sociedad y su puesta a disposición de fiscales e interventores para que no quedara cajón sin abrir.
Cuando estalló el escándalo de los gin-tonics pagados con dinero público por Víctor Sahuquillo, el primer gerente puesto por Jorge Rodríguez (el primer presidente socialista del cambio), este anunció la «voladura controlada» de la ya rebautizada Divalterra. Se trataba de trasladar los más de 500 brigadistas forestales (el grueso de la plantilla) al Consorcio de Bomberos, el área de Turismo al patronato provincial que ya existe y de reducir altos cargos.
También quedó en nada. Por discrepancias con Compromís, el socio principal de gobierno, alegó el equipo del entonces aún presidente.
Meses más tarde, Rodríguez intentó un golpe de autoridad con una renovación de altos directivos en las empresas de la corporación que destapó la caja de los truenos, la traca final que, vía investigación judicial por presunto enchufismo, acabó con la promesa socialista por losa aires. Este hecho propicia ahora el mensaje del «cierre ordenado», a pesar de las dudas iniciales de Compromís y de parte del grupo socialista.
Más allá de palabras, lo real es que tras tres años de gobierno no existen informes ni externos ni internos en Divalterra sobre la eliminación de la sociedad. Tampoco consta que se haya consultados a sus directivos. Con estos antecedentes, el enigma lógico es si la decisión será esta vez definitiva o será solo pura apariencia en un momento de crisis.
