«Los derechos de los trabajadores están por encima de cualquier cosa», afirmó ayer la presidenta en funciones, Maria Josep Amigó. Sin embargo, el comité de empresa, a través de su presidenta, Ruth López, manifestó su «inquietud» por estas declaraciones de las que se enteraron por la prensa.
López pidió que se matizaran cuáles son esos «derechos» y qué significa un «cierre ordenado», porque en ningún caso se hace referencia a la continuidad de los trabajadores sea quien sea el organismo que los asuma. Por eso, López solicitó una reunión urgente con el gobierno y si no les citan con anterioridad, pedirá explicaciones el jueves en el consejo de administración de Divalterra. «Queremos saber cómo va a ser y si podemos estar tranquilos», apuntó.
«Los trabajadores no tienen la culpa de la mala gestión de esta etapa y de la anterior», lamentó López, quien cree que tanto los brigadistas como el personal de administración de Divalterra «han sido criminalizados por la pésima gestión política de una empresa que presta el mismo servicio desde 1986».
En un comunicado, el sindicato CSIF anunció «movilizaciones y acciones legales» en defensa de los trabajadores y mostraron su «enérgica repulsa» por el cierre de Divalterra, una decisión que se ha tomado sin haber informado previamente a sus trabajadores. Advirtieron que una noticia así puede afectar a la labor de los brigadistas «en un momento crítico, en unas fechas en las que su trabajo de prevención y extinción de incendios resulta imprescindible».
Sin embargo, la presidenta del comité aseguró que pese a la incertidumbre que esta noticia genera, «pase lo que pase somos profesionales y cumpliremos con nuestro deber», y lamentó que los dirigentes políticos, «generen los problemas en lugar de solucionarlos».
