A poco más de un año de que se liberalice la AP-7 -esta carretera dejará de ser de pago en diciembre de 2019, tal como contemplan los plazos de concesión y así prevé cumplir el Ministerio de Fomento- la Comunitat Valenciana se ha visto claramente agraviada en términos económicos en comparación con el resto de España durante las últimas décadas.
Después de Cataluña, la valenciana es la autonomía con mayor número de kilómetros de peaje (un total de 367), lo que representa el 26 % respecto al total de la red principal utilizada por vehículos de transporte de viajeros y de mercancías.
Según un estudio realizado por la patronal de empresas de la construcción Seopan, con datos del Ministerio de Fomento y la consultora AT Kearney, Cataluña -también castigada por los peajes de la AP-7 (Grupo Abertis, ahora en manos de Atlantia y ACS)- es la autonomía española con más longitud de autovías de peaje al contar con 633 kilómetros; es decir, el 39 % del total de su vías de gran capacidad. La situación de la Comunitat Valenciana y de Cataluña contrasta con Madrid, con tan sólo 161 kilómetros de pago (16 % del total de su red de autovías).
Repercusión en los puertos
Los usuarios de la AP-7 en su tramo valenciano pagan por el uso de esta infraestructura, clave para el transporte de mercancías hasta los grandes hubs o áreas de concentración como los puertos de València y Sagunt.
Eso supone un coste añadido de 0,27 euros por kilómetro en las cuentas de explotación de cada camión, según fuentes de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET). Mientras tanto, en otras autonomías estas infraestructuras son financiadas principalmente a través de los contribuyentes.
Desde esta patronal valenciana se ha aplaudido la posible liberalización de la AP-7 ; «sobre todo ahora que estamos conociendo posibles acuerdos en la sombra para que el transporte de mercancías no circule por la N-340, lo que nos obligaría a transitar por la AP-7 con un coste inasumible para nuestros transportistas».
Desventaja comparativa
Según la organización presidida por Carlos Prades, el peaje de la citada autopista «debe desaparecer una vez finalizada la concesión. Si parece que hay unanimidad en la liberalización de la AP-1, en la Comunitat Valenciana no podemos tener una desventaja comparativa», advierten los empresarios.
La petición de la patronal se produce mientras el Consell acaba de reclamar a Fomento 220 millones de euros para diez mejoras en la AP-7 cuando quede libre de peaje. Los nuevos enlaces y mejoras en carreteras locales están consensuados con los ocho ayuntamientos afectados y solo dos actuaciones están presupuestadas.
Esta entidad del transporte agrupa a casi 1.000 empresas de transporte de mercancías por carretera integradas en su Federación a través de las ocho asociaciones que la forman: carga general, internacional, transportes especiales, agencias y operadores de transporte, mudanzas, contenedores, grúas y muebles.
La posición de los transportistas contrasta con la del presidente de la patronal de constructoras y concesionarias Seopan, Julián Núñez, quien ha advertido de que eliminar los peajes de las autopistas implica trasladar los costes de mantenimiento y conservación de dichas carreteras a todos los contribuyentes por la vía de los impuestos.
El coste de suprimir el peaje de las seis autopistas cuyo plazo de concesión finaliza entre este año y 2021 ascendería a 450 millones de euros anuales, mientras que el importe se elevaría a 1.000 millones de euros si se contempla toda la red española de pago de 2.550 kilómetros.
