? Un estudio preliminar realizado por la Universitat de València a fecha de 21 de octubre de 2015 avaló la contratación de altos directivos en Divalterra. Solo doce días después se ejecutó el primero de los siete contratos que se estarían investigando en la Operación Alquería y contra los que también se recabaron después estudios jurídicos. El informe fue solicitado para resolver cuestiones laborales de Imelsa y una de ellas se refería al número de altos cargos que podían ser nombrados y su tipo de contrato. El catedrático de Derecho Laboral Carlos Alfonso firmó el escrito, al que añadió una aclaración el 28 de octubre para certificar, una vez revisadas las normas de contratación, que era posible nombrar a un directivo por área de empresa «de forma directa mediante contrato de alta dirección» siempre que desarrolle «funciones de alto nivel y confianza».
