La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, presentó ayer en el Palau de la Generalitat el «Plan de infraestructuras judiciales para la Comunitat Valenciana» que contará con una inversión de 200 millones de euros entre 2017 y 2021.
El acto contó con la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, el Fiscal Jefe de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, el decano de los jueces de València, Pedro Viguer, así como representantes de los letrados de la administración justicia y otros operadores jurídicos.
Las inversiones irán destinadas, según ha detallado Bravo, a construir nuevas sedes judiciales, como Alicante que contará con una nueva Ciutat de la Justícia, reformas integrales de edificios ya existentes, mejora de la eficiencia energética y la seguridad de las sedes judiciales.
Además de Alicante, contarán con nuevas sedes judiciales Gandia, Torrent, La Vila Joiosa, Mislata, Orihuela, Sueca, Alzira, Llíria y Xàtiva.
El nuevo plan incluye una unidad administrativa encargada de supervisar los contratos de mantenimiento (que alcanza los 9 millones de euros). También se creará un sistema centralizado de protección y seguridad de instalaciones judiciales que incluye la actualización y ejecución de planes de emergencia, evaluación y mejora de sistemas de seguridad y protección contra incendios y la creación de un centro de control integrado para todos los juzgados.
«Queremos aportar una nueva imagen de los edificios judiciales para una Justicia del siglo XXI. Edificios modernos, eficientes y sostenibles, en los que los profesionales trabajen de una forma más cómoda y digna», reivindicó la consellera.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, indicó que tras «demasiados años de abdicación, la Generalitat sitúa la justicia en la agenda política dotándola de recursos. Debilitar la justicia sería dar alas a la incertidumbre en los sistemas democráticos».
