El presidente de las Corts, Enric Morera, ha perdido la batalla para incluir el requisito lingüístico en la oferta de empleo
El valenciano, de esta manera, puntuará como mérito en las pruebas, pero no habrá un examen eliminatorio de conocimiento de la lengua autóctona que descarte a los suspendidos. Es lo que Morera defendió a finales de junio, cuando llegó a la Mesa de las Corts el acuerdo sindical sobre las 31 plazas que, después de años de parálisis, el Parlamento quiere sacar a concurso.
El dirigente de Compromís se ha quedado solo en esa posición. El pragmatismo y la seguridad jurídica se han impuesto y PSPV, PP, Ciudadanos y Podemos votaron ayer en la Mesa a favor de sacar adelante la OPE sin más dilación y sin el requisito, como se acordó con los sindicatos. Morera se abstuvo finalmente, según fuentes de la Cámara.
La clave ha estado en el informe de los servicios jurídicos de las Corts. Este dictamina que un examen eliminatorio y obligatorio de valenciano «no está avalado por la legislación vigente» ni por la doctrina del Tribunal Constitucional.
No obstante, abre la puerta a que el Parlamento pueda modificar su relación de puestos de trabajo y redefinir las plazas que considere como de obligado conocimiento del valenciano.
Esta última posibilidad era la que Morera intentaba lograr ahora: abrir una renegociación con los sindicatos para introducir la lengua autóctona como obligatoria para acceder a una serie determinada de plazas.
La iniciativa fue desechada ayer por el resto de miembros de la Mesa: Carmen Martínez, PSPV; Alejandro Font de Mora, PP; Emilio Argüeso, Cs, e Irene Gómez, Podemos. Consideraron que podía introducir inseguridad jurídica y que suponía dilatar el proceso y que las plazas ya no pudieran cubrirse en esta legislatura. Y todo cuando existe un acuerdo con los representantes de los trabajadores.
El reproche que en privado comentaban ayer representantes de algunos grupos políticos es que Morera no haya promovido el requisito lingüístico «en dos años», tiempo durante el que se ha negociado la oferta de empleo público, y lo haya hecho al final del proceso. Significa atribuir al dirigente del Bloc y Compromís un uso más político que real del requisito.
No obstante, el presidente de las Corts se guarda la posibilidad de replantear la cuestión idiomática en cada convocatoria específica de plazas.
