Alisa, José y sus tres hijos menores de edad cuentan con un potente aliado en su lucha por mantenerse bajo un techo. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió anteayer un comunicado por el que insta al Estado español a «tomar medidas para evitar posibles daños irreparables» a esta familia de cinco miembros, vecinos del barrio del Pinet de Oliva, que mañana recibirán, por tercera vez, una orden de desalojo de la casa que ocupan ilegalmente desde hace año y medio.
El Alto Comisionado solicita al Estado «suspender el desahucio de la vivienda que actualmente ocupan u otorgarles una vivienda alternativa adecuada» mientras se estudia el caso.
Es la primera vez que este organismo, con sede en Ginebra, ampara a una familia valenciana, gracias a la intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Safor-Valldigna, que a través de los servicios jurídicos de su coordinadora nacional comunicó el caso a la ONU. En el resto de España, son unas 20 las familias que han recibido un apoyo similar del Alto Comisionado.
La notificación, firmada por Ibrahim Salama, jefe de la subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, señala que la queja referente a la situación de esta familia fue recibida el pasado 15 de junio. La PAH Safor-Valldigna había puesto en conocimiento de este organismo internacional la posible vulneración del derecho a la vivienda de la pareja y sus hijos, pues el Alto Comisionado «ya se pronunció el año pasado en un Dictamen, en el que declaraba que los desalojos de cualquier índole, tal como se están produciendo en España, constituyen una vulneración de los Derechos Humanos».
Alisa Mioara Oriveceanu, su marido, José Marín, y sus tres hijos de 10, 9 y tres años, ocuparon en 2017 una casa en la calle de Santa Bárbara, propiedad del banco Mare Nostrum-Bankia, que llevaba vacía algún tiempo.
Accedieron a ella para no quedarse sin techo, sabiendo que la ocupaban ilegalmente, tras perder su vivienda habitual en un incendio. La pareja no tiene ningún tipo de ingresos fijos, y recibe ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oliva. Uno de los hijos sufrió meningitis el año pasado y pasó un tiempo hospitalizado.
Ayer, al tener conocimiento de este comunicado de la ONU, Alisa señaló a este periódico su satisfacción y esperanza. «Estamos muy contentos por este apoyo y ahora esperamos que hagan caso y que no nos dejen en la calle», indicó.
Mientras atendía a sus hijos, la joven explicó que su situación «no ha variado nada» respecto al pasado febrero. «Ahora estoy en pruebas en una empresa para ver si encuentro un puesto de trabajo en estos meses de verano, y mi marido sigue sin trabajo». Acaban de solicitar la Renta Valenciana de Inclusión y una vivienda del parque público de la Generalitat, pero siguen a la espera de noticias.
Sin respuesta del banco
Según la PAH Safor-Valldigna, Alisa comunicó al banco su intención «de pagar un alquiler social a cambio de permanecer en la casa mientras no tuviera alternativa, pero a fecha de hoy no ha obtenido respuesta».
La del próximo viernes será la tercera notificación de lanzamiento que recibe la familia, tras las de junio de 2017 y febrero de este año. En ambas ocasiones, el juzgado de Gandia que lleva el caso paralizó temporalmente el desalojo gracias a las gestiones de la PAH.
El concejal de Bienestar Social, Àlex Salort, indicó ayer que, en la medida de sus posibilidades, el Ayuntamiento de Oliva está ejerciendo de mediador entre las partes. «Oliva no tiene un parque de viviendas públicas para este tipo de casos», explica, «y estamos trabajando con la Generalitat para conseguir algunas».
Joan Cogollos, portavoz de la PAH de la Safor-Valldigna, señala que seguirán con las movilizaciones frente al domicilio de los Marín-Mioara si el viernes llega la orden judicial de desahucio, e insta a los jueces a «aplicar las leyes y pactos internacionales vigentes que velan por los más vulnerables».
