El exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana seguirá en la cárcel, según acordó por segunda vez ayer la sección quinta de la Audiencia de València.
El expresidente de la Generalitat apenas ha cumplido cuarenta y seis en el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent, pero su defensa ya ha solicitado en dos ocasiones la libertad provisional (mediante dos recursos de reforma ante el Juzgado de Instrucción 8 y otros dos recursos de apelación ante la Audiencia de València).
Un letrado del despacho Santiago Milans del Bosch Abogados insistió ayer en su petición de la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat por motivos humanitarios y de salud, por la leucemia que se le diagnosticó en 2015 y por la que sigue en tratamiento.
La petición de libertad provisional (o arresto domiciliario) de la defensa del exministro se basa en dos informes médicos, uno de ellos forense, en los que se apunta que Zaplana presenta un grave riesgo de sufrir «infecciones oportunistas» dado el «cuadro profundo de inmunosupresión» que padece el exministro, como consecuencia del tratamiento para la leucemia.
No obstante, fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran a Levante-EMV que Zaplana recibe la atención médica que precisa, teniendo en cuenta que ya ha sido tratado de su leucemia, por lo que ahora simplemente se le considera un enfermo crónico, como cualquier persona que ha superado un cáncer.
Además, añaden que en el caso de necesitar una mayor atención puede ser trasladado en cualquier momento a un centro hospitalario, como ya ha sucedido en varias ocasiones.
Por estos motivos y por el elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, la Fiscalía Anticorrupción también se mostró ayer contraria a la puesta en libertad del exministro.
Unos argumentos que tanto Anticorrupción como la magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de València ya rechazaron el pasado 4 de junio. La jueza, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, señaló entonces al exministro que «quien comete presuntamente un delito debe asumir las consecuencias de sus actos siendo él el único responsable».
Y añadía que durante las vigilancias a las que se ha sometido a Eduardo Zaplana desde 2015 -cuando comenzó la investigación- los investigadores han confirmado que llevaba una vida «muy activa» acudiendo a restaurantes o a dar conferencias «desplazándose de un sitio a otro sin mascarilla, en un medio hostil donde se puede coger cualquier virus», según informó la «Cadena Ser».
La sección quinta de la Audiencia de València ya avaló también esta decisión el pasado 12 de junio, por lo que ayer simplemente se ratificó en su anterior decisión. A Zaplana se le acusa de diez delitos: cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
