El pleno de la Diputación de València dio cuenta ayer de la dimisión de Jorge Rodríguez como presidente. Se despidió a través de un escrito y deja paso a Maria Josep Amigó hasta que el pleno nombre el martes a Toni Gaspar como sucesor.
Sin embargo, Ciudadanos rompió la baraja ayer con una alternativa al cauce natural de la sucesión socialista. Tras un pleno extraordinario bronco entre PSPV y PP, la portavoz de la formación naranja anunció que iba a proponer «un gobierno técnico de transición hasta las elecciones de 2019». Una propuesta no demasiado concreta, más allá de formar un equipo con un representante de cada partido y un presidente que ejerciera «de manera testimonial». Todo ello por tratarse de una situación «excepcional» que requiere de una solución al mismo nivel.
Pero el punto de vista de Ciudadanos no es compartido por el equipo de gobierno. Ni siquiera el PP se atrevió a valorar la propuesta hasta que no la reciba «de manera oficial».
El gobierno restó crédito a la proposición. Amigó lamentó que Ciudadanos quiera instaurar «el caos» en una situación que se está gestionando con normalidad y que en ningún caso requiere de un gobierno de perfil técnico, «y menos aún uno donde todos los partidos estén representados».
La respuesta que obtendrán de la presidenta en funciones es la del cauce legal, que marca en el calendario que el 17 de este mes habrá un pleno que investirá a un presidente. Uno que lleva el nombre de Toni Gaspar, por quien volvió a mostrar su apoyo como sucesor de Rodríguez.
Nadie negó que el anunció fue sorprendente, aunque en EU y València en Comú lo catalogaron de poco serio. En concreto, Compromís resaltó que Ciudadanos nunca ha hecho una oposición frontal al gobierno del cuatripartito; por el contrario, apoyó los presupuestos de 2017 y se abstuvo en 2016 y 2018. No termina de entender que ahora presenten batalla, cuando se ha reafirmado la intención de dar continuidad al acuerdo político de 2015, aún cuando el presidente Jorge Rodríguez haya sido detenido en la Operación Alquería.
Calma a los brigadistas
Ayer se ratificó el cese de todos los detenidos. Si el pleno sirvió para apartar a Rodríguez y a sus asesores Ricard Gallego y Manuel Reguart, el consejo de administración de Divalterra posterior hizo lo propio con los dos cogerentes, Agustina Brines y Xavier Simón, y el secretario, Jorge Cuerda. Además de tramitar 39 puntos para garantizar el funcionamiento normal de la empresa pública para el próximo trimestre, como adelantó ayer este diario, el consejo atendió al comité de empresa para garantizarle en primera persona que el trabajo de los brigadistas no se extinguirá pese a que sí lo haga Divalterra.
