La investigación abierta por la Guardia Civil y por un juzgado de Llíria sobre un monitor de tiempo libre acusado de una decena de casos de abusos sexuales sobre niñas de 6 a 8 años se centra ahora en detectar otras posibles víctimas del presunto pederasta. Para ello, agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria están entrevistándose con numerosos padres y responsables de centros escolares de toda la provincia de Valencia.
Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos, el monitor investigado, de 28 años y cuyo nombre no facilita este diario para evitar la identificación de cualquiera de las víctimas, ha estado en contacto con cientos de niños en el último año y medio, mientras ha estado trabajando como monitor en una granja escuela del Camp de Túria en cuyas instalaciones se habrían producido los tocamientos denunciados en junio y que derivaron en su detención el pasado lunes.
De momento, se sabe que tuvo contacto profesional con menores de casi 30 colegios, públicos y concertados, de toda la provincia de València que han utilizado los servicios de esa granja escuela en 2017 y 2018, lo que no significa, obviamente, que todos ellos hayan podido ser víctima de abusos o que estuvieran expuestos a ese riesgo.
Además, tal como informó ayer este periódico, el arrestado, que estudió Educación Infantil, estuvo trabajando hasta el viernes pasado como monitor en un centro socioeducativo de un municipio de l'Horta, a cuyas puertas fue detenido cuando iba a dejar a dos compañeras a las que llevaba ese día en su coche al trabajo.
La base de delincuentes sexuales
Como es obligatorio en cualquier persona que trabaje con menores desde hace dos años, el detenido disponía del correspondiente certificado que avala que no tiene antecedentes penales por delitos sexuales con niños.
Ese certificado solo se pierde cuando el pederasta es condenado en firme y su nombre pasa a engrosar el registro de delincuentes sexuales del Ministerio del Interior, lo que impide obtenerlo o renovarlo. Sin embargo, cualquier acusado, o incluso condenado en primera instancia, puede seguir utilizando el certificado, lo que ha generado serias críticas por parte de asociaciones de padres y de protección de menores.
En este caso, la Guardia Civil ha pedido expresamente a la jueza de Instrucción de Llíria que inste al Ministerio del Interior a revocar el certificado al investigado para asegurarse de que no vuelve a trabajar con menores. La jueza le impuso una orden de alejamiento y una prohibición de desarrollar trabajos con menores tras dejarlo en libertad con cargos el miércoles, tras ser puesto a disposición judicial, pero si esa orden no se incorpora al registro de delincuentes sexuales, el certificado seguirá en vigor y nadie tiene por qué saber que figura como inculpado en un proceso judicial por pederastia.
