Tanto el artículo 47 de la Constitución española como el artículo 16 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana hablan del acceso a la vivienda como un derecho inherente a la ciudadanía. Un principio que, por más que se intente proteger desde el plano político (y la traducción jurídica que conlleva) «no ha logrado alcanzar, en las casi cuatro décadas que han pasado desde la recuperación de la democracia, los ambiciosos objetivos que en ellas se formulan», indicó ayer la consellera de Vivienda María José Salvador en la presentación del Libro Blanco de Vivienda.
El documento trata de hacer un diagnóstico de la realidad valenciana con el fin de proponer medidas acorde a ella, como la creación de una Oficina de Inclusión Residencial o una Agencia de Coordinación de Políticas de Vivienda. Ambas enmarcadas en una batería de 53 actuaciones, 17 líneas de acción y siete ejes estratégicos con la mirada puesta en las personas y especialmente en los grupos sociales más vulnerables: garantizar el acceso a la vivienda, fomentar la vivienda en régimen de alquiler, movilizar las viviendas vacías, impulsar un modelo social de la rehabilitación y mejorar las condiciones de la vivienda existente, propiciar un entorno inclusivo, adaptar la vivienda a las nuevas necesidades y mejorar la gestión, la coordinación y la información en materia de vivienda.
El objetivo es «revertir la dramática situación en la que se encontraba el panorama residencial valenciano», explicó Salvador, ya que únicamente el 30 % de los hogares valencianos es vivienda protegida. Con el fin de señalar que la falta de acceso a la vivienda trasciende categorías como la pobreza, la conselleria ha propuesto la creación de la Oficina de Inclusión Residencial, para que la administración pueda adelantarse a las situaciones de urgencia sobrevenida de pobreza social («en muchos casos previsibles», según la conselleria) derivada de la carencia de una vivienda digna.
El organismo recabará información sobre exclusión residencial y coordinará los diferentes organismos implicados en la inclusión para garantizar una labor ágil y efectiva. El objetivo es, según la conselleria, que las Oficinas de Inclusión Residencial puedan ser un punto de referencia para la población, un «salvavidas» al que recurrir para que cada caso pueda ser atendido de manera personalizada.
El Libro Blanco, por tanto, parte del principio de que «toda política de vivienda es una política social y, como tal, debe ser una herramienta que propicie la cohesión social, la justicia habitacional y la ocupación sostenible del territorio», remarcó Salvador.
Con esta hoja de ruta, la conselleria aboga por la eliminación total o parcial de los desalojos forzados, así como la promoción de viviendas asequibles para personas con bajos recursos económicos que, de seguir las condiciones que el mercado actual establece, no podrían acceder a un hogar.
«Equidad habitacional»
La construcción de vivienda pública ha sido en numerosas ocasiones la solución propuesta por los especialistas en urbanismo social. Joan Clos, exdirector ejecutivo de ONU-Hábitat, indicó en la presentación del Libro Blanco de Vivienda que debe haber una política nacional urbana para que la creación del parque público de vivienda sea por fin una realidad.
«Hay que dar instrumentos a los gobiernos locales para que puedan llevar a cabo políticas que sitúen la vivienda social en el centro, tanto del plan estratégico como de la misma ciudad», indicó Clos, quien aseguró que el Libro Blanco de Vivienda sí cumple estos principios básicos en el capítulo «Marco estratégico», basado en la idea de «equidad habitacional».
Objetivos con los que se busca que la vivienda pública deje de construirse únicamente en los solares de la periferia urbana por el bajo coste que supone a las empresas constructoras, ya que el precio de estas parcelas es menor a las ubicadas en el centro de la ciudad. «Lo que estas medidas suponen es que se creen guetos en la periferia de la ciudad dividiendo a los distintos estratos sociales», aseveró Clos.
