La vicepresidenta del Consell , Mónica Oltra, presentó ayer una de las leyes esenciales para su conselleria: la ley de Servicios Sociales Inclusivos, la «cuarta pata» que han reivindicado durante los últimos meses y que ahora toma forma a través de esta ley. El Consell quiere llevar más allá lo que hasta ahora era un servicio asistencial y nada más para crear un verdadero sistema público de servicios sociales para la ciudadanía.
El Consell aprobó ayer el proyecto de ley que será llevado a las Corts. La norma cataloga los servicios sociales como «esenciales y de interés general», y además, se blindan en los presupuestos generales de la Generalitat, de forma que no se verán alterados por las dotaciones presupuestarias. «El presupuesto ha de garantizar el derecho y no el derecho estar pendiente del presupuesto», apuntó.
Las plazas residenciales, la atención domicialiaria o las ayudas a la diversidad funcional estarán blindadas por ley. En total, 31 prestaciones completamente garantizadas. Para Oltra, se trata de acabar con la concepción «asistencialista propia de visiones caritativas» para transformarla en una visión de «derecho subjetivo y alcance universal». El acceso al sistema será para las personas con residencia en la Comunitat Valenciana.
Además, el hecho regularlos por la vía legislativa también busca que queden al margen de cambios políticos en el gobierno y evitar que este derecho sea «arrebatado», dijo la vicepresidenta.
La norma regula los niveles del sistema: atención primaria, tanto básica como específica, y atención secundaria de carácter residencial. Además, se delimita el territorio para garantizar la equidad en el acceso, estableciendo una zonificación con demarcaciones territoriales y un mapa de servicios sociales donde se identifican las necesidades y su cobertura.
En la misma línea que se aprobó la Renta Valenciana de Inclusión, esta ley forma parte del Código Social que impulsa Igualdad y que sitúa a los valencianos «a la vanguardia» de la protección social, señaló Oltra. De hecho, la Comunitat Valenciana es la primera autonomía que sitúa los servicios sociales como un derecho más.
La Generalitat no estará sola porque espera la colaboración con otras entidades locales para garantizar la financiación y sostenibilidad económica del sistema, y se quiere potenciar el papel de los municipios en la planificación y la coordinación de la prestación de servicios sociales. Para ello, todo se creará una aplicación que genere un historial único y compartido entre los organismos, tal como funciona en Sanidad.
