Alisa, su marido José, y sus tres hijos, todos ellos menores de edad, tienen ante sí una nueva oportunidad, la tercera, para lograr una vivienda digna que evite el peligro de quedarse en la calle que pesa sobre ellos desde hace casi un año. Un juzgado de Gandia decidió ayer paralizar el desalojo de esta familia de Oliva de la casa que ocupan. La justicia daba curso, con esta decisión, a la prórroga que un día antes Bankia, entidad propietaria de la casa, había concedido al matrimonio para que buscasen una alternativa habitacional antes de volver a fijar una fecha de lanzamiento, que en su caso sería el cuarto intento.

El banco, con este gesto, cedió a la presión de la Plataforma d´Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Safor Valldigna y de València. Estas hicieron una petición avalada por un escrito del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que instaba al Estado la paralización del desahucio de la familia hasta que se resolviera su caso. También el Ayuntamiento de Oliva había hecho llegar un documento al juzgado en el que indicaba que en unos meses tendrá disponibles viviendas municipales para realojar a la familia pero que, mientras tanto, podían seguir habitando la actual casa.

El lanzamiento estaba previsto a las diez de la mañana. En la zona, el barrio de Pinet, se había desplegado un importante dispositivo policial, con una docena de agentes de la Guardia Civil, que impidieron el paso a la calle a la treintena de manifestantes que se habían concentrado para evitar el desahucio.

Pasados unos minutos de esa hora llegaba la buena noticia. El juzgado finalmente aceptada la petición de Bankia y de la PAH y paralizaba el desalojo, poniendo fin a la angustia de la familia. En la calle, los gritos de júbilo se mezclaban con las proclamas y la indignación contra la decisión judicial que podía haber dejado a una familia con tres menores sin casa. Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando llegó el cerrajero que debía cambiar la cerradura del inmueble, a quien los concertados le profirieron gritos.

Mientras eso ocurría en la vía pública, los tres pequeños dormían en el interior de la casa, ajenos a todo lo que estaba pasando. «No hemos querido que ellos vivan esto», indicaban tanto Alisa como José a Levante-EMV.

Uno de los hijos sufrió meningitis el verano pasado y aún padece secuelas. «Él no puede alterarse ni ponerse nervioso, así que mejor que no vea nada de todo esto», señalaba el padre.

Una vez se conoció la paralización del desahucio, amigos y familiares del matrimonio explotaron en júbilo. Se pudieron ver incluso lágrimas entre algunos de los presentes mientras abrazaban a Alisa y José.

Una de las primera reacciones de José al conocer la paralización fue apuntar que «ya sabemos que nuestros hijos está noche podrán dormir en casa». El hombre aseguraba que la decisión supone «un descanso» para la familia, que les concede tres meses para instalarse en una de las viviendas municipales. El hombre denunció, a su vez, «la injusticia que se estaba haciendo» y deseaba que su caso «lo conozca toda España».

Alisa, por su parte, se mostraba «súper contenta» y apuntaba que «se buscará una alternativa». Dijo sentirse «aliviada» porque «los niños no se han enterado de nada de lo que ha pasado».

El plan para la familia es que, una vez rehabilitadas las viviendas municipales comprometidas por el concejal Àlex Salort, se trasladen a una de ellas. Paralelamente se empezará a trabajar en la reforma integral de la casa en la que vivían antes de la ocupación, que quedó arrasada por un incendio.