El legado de corrupción del PP en la Comunitat Valenciana ha coincidido con los efectos de la directiva europea que planteó en 2014 que todos los consistorios debían cumplir con unos principios éticos de transparencia en la adjudicación de contratos públicos con el objetivo de que la población vuelva a mirar con buenos ojos la gestión pública.

Han sido necesarios cuatro años para su aprobación. Y no con las mejores condiciones. Según Vicente Gil, secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, su aprobación ha generado un malestar general en los municipios valencianos derivado de las trabas «injustas» y «desproporcionadas», que «castigan a los ayuntamientos pequeños y medianos, que suponen más del 70 % en la Comunitat Valenciana».

La aprobación de la nueva ley de contratos el pasado 9 de marzo se ha convertido en una auténtica bomba de relojería entre quienes defienden que la ley supone un lavado de cara para las instituciones públicas y aquellos que aseguran que esta nueva forma de contratación ha provocado el colapso de la mayoría de los ayuntamientos.

La normativa implica la restricción del uso de los contratos menores y del negociado sin publicidad. Este último es un procedimiento que se utilizaba para contratos de suministros, servicios y obras de hasta 60.000 euros. Hasta ahora, el ayuntamiento adjudicaba el contrato a dedo, sin necesidad de un concurso previo, «favoreciendo el amiguismo y la opacidad en las contrataciones», según señala José Luis Aristegui, director general de la plataforma de contratación Vortal. El procedimiento era idéntico en el caso de los contratos menores. Solo que el tope en este caso era de 18.000 euros para servicios y suministros y 60.000 en obras. Ahora el margen para sortear el concurso público desciende a los 15.000 y 50.000 euros respectivamente.

La nueva ley, que restringe el uso de los contratos menores y del negociado sin publicidad añade también la obligatoriedad de usar una plataforma electrónica para las contrataciones, evitando los criterios subjetivos y basando la elección de la licitadora en algoritmos matemáticos con el fin de reducir el tiempo de adjudicación de los nueve meses habituales hasta tres, según Aristegui. El director de Vortal asegura que, a día de hoy, solo una decena de los ayuntamientos de la C.Valenciana cumple con la normativa que, por otro lado, tampoco supone sanción a aquellos que no lo hagan (a nivel estatal la cifra de consistorios que cumplen con la ley se reduce hasta el 18 %).

De los 542 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana casi 400 son medianos o pequeños. En su mayoría se trata de poblaciones de interior donde la brecha digital hace mella, lo que dificulta su acceso a una plataforma digital. «Con estos atrasos se están descuidando muchos otros asuntos que preocupan a la población. Los ayuntamientos tienen un atasco de expedientes en el servicio de contratación, lo que representa un frenazo en los contratos de obras y servicios y, por tanto, los proyecto no salen», explica Vicente Gil. De hecho, desde la Federación aseguran que no hay mes que pase en el que no registren al menos 20 o 30 quejas de consistorios que tienen paralizados los expedientes de contratación.

De hecho, la Diputación de Castelló es la única de las tres de la C. Valenciana que se adelantó a la nueva ley de contratos. «Es curioso y preocupante a la vez que sean tan pocos los ayuntamientos que cumplen con una directiva que ya se conocía desde 2014. En los ayuntamientos pequeños lo entiendo, pero en los grandes es simplemente falta de previsión», explica Pilar Batet, directora de contratación en la Diputación que se adhirió a la directiva europea en 2016. Esta previsión es lo que permitió a la Diputación de Castelló cumplir con la normativa, pues aseguran que en estos momentos hay una lista de espera de seis a diez meses para acceder a la plataforma pública de contratación, «lo que explicaría por qué son tantos los ayuntamientos que siguen ajenos a la ley», indica Batet.

Gil (FVMP): «Falta personal para cumplir con la ley»

Desde que se aplicó la nueva de Contratos del Sector Público, la Federación valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) no ha dejado de recibir entre 20 y 30 quejas mensuales de los consistorios que se ven colapsados. Vicente Gil, presidente de la Federación explica que «los municipios pequeños y medianos, que representan el 70 % de los ayuntamientos valencianos, tienen muchas dificultades para acceder a una plataforma electrónica debido a la brecha digital o a la falta de un departamento de contratación que revise con lupa, como pretende la nueva ley, cada una de los expedientes de contratación». De hecho, asegura Gil, para ayudar a estos municipios los miembros de la Federación realizan, cada mes, dos talleres explicativos para enseñarles cómo pueden acceder a la plataforma.

Pilar Batet: «La normativa mejora la deuda pública»

La Diputación de Castelló es la única de las tres que cumple con la nueva normativa de contratación. Pilar Batet, directora del departamento de contratación, decidió adelantarse y en 2016 contrató la plataforma electrónica para la tramitación de los concursos públicos. «La plataforma digital permite que sea mayor el número de licitadoras que se presentan al concurso público, lo que significa que hay una mayor competitividad y el precio de la contratación disminuye, mejorando el beneficio económico y mejorando la deuda pública de los municipios», indica Batet. La directora de contrataciones explica que la mayor dificultad a la que se enfrentan es el aumento de volumen de trabajo y la «falta de manos», lo que está reduciendo el nivel de rendimiento de las contrataciones.

José Luis Aristegui: «Nos ha pillado el toro»

El director general de la plataforma de contratación Vortal, José Luis Aristegui reconoce que la nueva ley de contratos está exigiendo un mayor volumen de trabajo a los municipios valencianos, sobre todo a los pequeños. Sin embargo asegura que este cambio era algo necesario para lavar la cara a la contratación y que la sociedad vuelva a mirar con buenos ojos la gestión pública, ya que «el amiguismo y el principio subjetivo se elimina con la nueva normativa». «El problema ha sido la falta de previsión, que nos ha pillado el toro, por eso existe tal colapso y malestar en los consistorios», indica Aristegui, quien asegura que únicamente una decena de ayuntamientos valencianos está cumpliendo con la normativa, «puesto que no existe sanción para aquellos que no lo hagan».