Compromís denuncia que «una de cada tres internas de primer grado está en prisiones valencianas», hecho que constata su «delicada situación», según datos del Gobierno.
Senadores de Compromís también han recabado datos de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), CSIF, CC OO y UGT. Datos como que en el año 2007, las internas en la Comunitat Valenciana «suponían el 18,33% sobre el total español y en el año 2017 representaban el 32,30%». Y que «en el Centro Penitenciario de Valencia este tipo de internas en 2007 suponían el 11,67% y en 2017 representaban el 26,15%, es decir una de cada cuatro de las internas más peligrosas de España está en Valencia», señala Compromís. Y añaden que a pesar del descenso experimentado por la población reclusa de 2007 a 2017 en 7.300 internos (un 13,5%), la población interna en el Centro Penitenciario de Valencia solamente se ha reducido un 0,3%. El senador Jordi Navarrete asegura que «el porcentaje de internos sobre el total estatal es superior en 2017 respecto a 2007 por la apertura de Castelló II y los internos hombres clasificados en Primer Grado (los más peligrosos) que se encuentran en prisiones valencianas en el año 2007 representaban el 11,43% del total, mientras en 2017 representan el 12,36% del total».
El Gobierno achaca esta desaceleración de la ocupación del Centro Penitenciario de Valencia «en el mayor número de delincuencia en esta autonomía». Compromís lamenta que no haya previsión de apertura de la prisión de Siete Aguas, pendiente de construcción. Por ello aboga por «la mejora de seguridad en instalaciones; redistribución de presos para no castigar a los más saturados; el refuerzo de sanitarios en las cárceles; la conversión de las instalaciones en módulos tipo y el cierre del módulo de primeros grados de Picassent que pide el Defensor del Pueblo».
