La documentación técnica de las 45 empresas que optaron a tres de los contratos para la construcción del circuito de Fórmula 1, que ahora investiga la justicia, se destruyó al mes de la adjudicación, según desvela un informe aportado a la causa que investiga las irregularidades en la construcción del trazado al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Se trata de los concursos de obra para construir «la infraestructura de la conexión de la Alameda, Avenida de Francia, Puerto» adjudicada a la unión temporal de empresas (UTE) FCC-Pavasal-Becsa. Y las licitaciones para la pasarela peatonal en Natzaret (bautizada como «el Cuc de Llum») además del padock, aparcamiento e instalaciones complementarias para el circuito de Fórmula 1, adjudicadas a Construcciones Hormigones Martínez (CHM).

Los legales representantes de la anterior UTE, además del exdirectivo de FCC, José Mayor Oreja, y los hermanos Tomás y Rafael Martínez Berna (propietarios de CHM) están citados a declarar el próximo mes de septiembre ante la titular del Juzgado de Instrucción 17 y el Fiscal Anticorrupción.

El exdirectivo de FCC (que también está investigado en los «papeles de Bárcenas», la causa que investiga la presunta financiación ilegal del PP nacional) es a quien el exsecretario general del Partido Popular, Ricardo Costa, apunta como como pagador de una mordida de 150.000 euros. Según declaró el exdirigente popular ante la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 17, el hermano del ministro Jaime Mayor Oreja se presentó en su despacho a finales de 2007 o principios de 2008 y le explicó que estaba en València «por la Fórmula 1» al tiempo que «se sacaba de la chaqueta un fajo de billetes de 500 euros por un valor total de 150.000 euros» y se los entregó «diciendo que eran para ayudar al PP en las elecciones generales de 2008».

Respecto a los hermanos Martínez Berna, ambos también acaban de ser condenados por financiar ilegalmente al PP en las elecciones de 2007 y 2008, según la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los cabecillas de la trama Gürtel, a Costa y dos trabajadoras del PPCV por participar en la trama de facturas falsas para financiar las campañas electorales de los populares a costa de los nueve contratistas de obra pública que admitieron los hechos ante la Fiscalía.

De ahí que las adjudicaciones recibidas por ambas empresas en la construcción del circuito de Fórmula 1 vayan a examinarse ahora con lupa en sede judicial. El análisis realizado sobre las adjudicaciones aumenta las sospechas sobre la legalidad de, al menos, tres de la quincena de contratos adjudicados para que los bólidos corrieran por las calles de los Poblats Marítims de 2008 a 2012.

El Gestor de Transportes y Puertos (GTP), dependiente de la Conselleria de Infraestructuras, fue el responsable de todas las adjudicaciones de obras del circuito, cuando estaba presidido por el conseller Mario Flores y con Antonio Carbonell en la gerencia (sobrino de Luisa Pastor, expresidenta de la Diputación de Alicante).

En los tres contratos analizados (conexión Alameda-Puerto, pasarela peatonal y padock) se utilizó un «valor de puntuación técnica» específico (alternativo al previsto en la ley de contratos de las administraciones públicas de 2001, vigente en aquel momento) por lo que la competencia en los tres concursos se redujo drásticamente de quince competidores a tres (curiosamente en los tres contratos).

Un «curioso e irregular procedimiento» que favoreció que los tres contratos analizados se adjudicaran a «la oferta más cara» o una de las menos económicas.

En el caso de la conexión de la Alameda, Avenida de Francia, Puerto la UTE FCC-Pavasal-Becsa resultó adjudicataria con una oferta de 31,7 millones de euros, «la más cara de todas». Igual sucedió con el contrato para el padock ya que CHM logró el contrato por 3 millones, a pesar de ser la más elevada de todas las propuestas. En el caso de la pasarela peatonal o Cuc de Llum. la oferta de CHM fue «la cuarta mejor oferta económica, con una diferencia de 300.000 euros respecto a la más barata».