A menos de un año de finalizar la legislatura del Botànic, el Consell se ha puesto manos a la obra para vencer, en la medida de lo posible, los temores que desde hace tiempo tienen bloqueados a muchos responsables públicos y personal técnico a la hora de tomar decisiones. El miedo a la firma ante futuras responsabilidades penales no es nuevo, pero se vive con tal intensidad, sobre todo en el ámbito directivo del sector público, que el Ejecutivo ha decidido concederles una suerte de protección en el caso de que se vieran envueltos en denuncias.
Así, a partir de ahora se abre la puerta a que los miembros de los consejos de administración y los directivos del sector público instrumental (empresas, entes y fundaciones públicas) puedan suscribir contratos de responsabilidad civil. Se extiende a determinado personal técnico de la Administración del Consell, aunque no a los altos cargos de la Generalitat. El acuerdo se ha plasmado en el decreto ley que aprobó el Consell el pasado 13 de julio y que se convalida hoy en las Corts para adecuar las retribuciones del personal de la Generalitat a la nueva ley de presupuestos del Estado. En principio había pasado desapercibida, pero tiene auténtico calado político.
La medida, impulsada desde la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, se encuentra recogida en el apartado séptimo de esta ley. En concreto, recoge que «los diferentes sujetos que integran el Sector Público» podrán «suscribir contratos de seguro de responsabilidad civil». Se establece que estos contratos deberán previamente contar con un informe sobre su necesidad. Además, «en ningún caso puedan suponer un incremento de la masa salarial».
Fuentes de la Generalitat indicaron que la suscripición de pólizas de seguro no será generalizada, sino que se hará con carácter puntual y tras el estudio de cada caso. El objetivo es que determinado personal (también de la Administración), como aquellas personas que forman parte de los consejos de administración, puedan tener mayor tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Las citadas fuentes apuntaron que, además de los cargos públicos, los órganos colegiados del sector público se han abierto a la sociedad civil al integrarse personas procedentes de sindicatos u universidades. Participan sin percibir retribución alguna y a veces se enfrentan a problemas de gran complejidad. Por ello, desde el Consell se considera lógico que pueda haber un seguro que cubra posibles exigencias judiciales de indemnización.
Los contratos de pólizas serán en todo caso limitadas, ya que no está previsto que se cubran todas las contingencias sino solo aquellas que tengan que ver con el ejercicio profesional; y en ningún caso las conductas dolosas.
Esta cobertura era ampliamente demandada por el personal (incluido altos cargos), aunque Hacienda lo ha circunscrito sobre todo a las empresas públicas. Como ya informó en su día este periódico, una de las primeras medidas que adoptó el Consell del Botànic fue modificar la ley de Asistencia Jurídica para que la Abogacía de la Generalitat pudiera volver a asistir a autoridades o funcionarios en el caso de verse implicados en determinados delitos y siempre y cuando no fuera una actuación ilegítima. El Consell de Alberto Fabra, arrinconado por los múltiples casos de corrupción, decidió retirar esta protección, y el Botànic se encontró en 2015 con una administración paralizada ante el miedo del funcionariado a verse envuelto en causas de corrupción.
La medida adoptada ahora vendría, pues, a añadir más tranquilidad, sobre todo en el sector público y precisamente en un momento de gran tensión tras la investigación judicial en Divalterra, que ha podido acabar con la carrera política del socialista Jorge Rodríguez.
