El sindicato de enfermería Satse aseguró ayer que el personal sanitario tendrá que usar desde el 1 de agosto sus vehículos o desplazarse a pie a los domicilios de los enfermos cuando se produzcan avisos, sean urgentes o no y en cualquier franja horaria.

La central sindical ha notificado a la Inspección de Trabajo que la Conselleria de Sanidad no ha convocado una reunión para tratar el problema del transporte sanitario a pesar de que ese órgano había instado a buscar una «solución consensuada» al uso de las ambulancias, poniendo como fecha límite septiembre.

Satse denunció en diciembre ante la Inspección de Trabajo de las tres provincias el nuevo contrato de transporte terrestre que había firmado la Conselleria de Sanidad con una empresa adjudicataria. Este contrato, por 234.597.924,68 euros, excluía «el traslado de personal sanitario para realizar visitas domiciliarias desde los centros de salud, consultorios, puntos de atención continuada, puntos de atención sanitaria o cualquier otro centro sanitario o socio-sanitario».

Esto se traducía en que las enfermeras y médicos debían acudir con sus propios vehículos o andando a los domicilios de los pacientes y allí llamarían o no a las ambulancias en función de la gravedad del paciente.

En mayo, la Jefatura autonómica de Inspección de Trabajo emplazó a la Conselleria de Sanidad a negociar con la parte social un documento con las «condiciones y medios» para el transporte de los profesionales a una urgencia y los avisos normales.

En la denuncia, Satse expuso dos situaciones que consideraban que incumplían la normativa vigente: la retirada de vehículos para las asistencias domiciliarias (urgentes o no) en los horarios de atención continuada de los centros de salud (urgencias ambulatorias de noches y fines de semana) y el no disponer de vehículos oficiales para la realización de las consultas programadas y urgencias no vitales, en el horario normal de funcionamiento de los centros de salud.

Hasta el momento, en el segundo caso, eran los propios profesionales los que ponían sus vehículos particulares a disposición de la Conselleria de Sanidad, «sin contraprestación económica, y sin ser requisito necesario ni imprescindible tener vehículo, ni carné de conducir», o realizaban los desplazamientos andando, «con lo que ello supone de tiempo de jornada laboral empleado en acudir al domicilio».

En mayo se instó a la Conselleria de Sanidad y a los representantes sindicales a llegar a un acuerdo en cuatro meses para buscar una solución a las denuncias planteadas y unos plazos de ejecución consensuados.

Sin embargo, el sindicato lamenta que no se les ha convocado pero «de forma unilateral y sin previo aviso», la Conselleria ha «ordenado» a las direcciones y gerencias de cada departamento de salud que busquen una solución al transporte para los avisos a domicilio para el personal de que realiza guardias en Atención Continuada.