20 de julio de 2018
20.07.2018
Enseñanza

Las patronales denuncian a Educación por la gratuidad de las aulas públicas de Infantil 2 años

Feceval, Escuelas Católicas y Acade presentan un contencioso conjunto ante el TSJ "por discriminación" de los alumnos de las guarderías privadas

20.07.2018 | 12:53
El conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, en una aula pública de Infantil 2 años.

Las tres patronales autonómicas la enseñanza privada, la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval), Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv) y la Asociación Española de Centros privados de Enseñanza (Acade) se han unido para presentar de forma conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana el anuncio de recurso contencioso administrativo contra la orden de la conselleria de Educación que establece las bases reguladoras del Bono Infantil de 0 a 3 años y contra la Resolución que regula su convocatoria.

Las tres organizaciones han decidido actuar de forma conjunta porque el Consell "ha roto la igualdad de trato a los alumnos y aulas de dos años, primando la educación pública sobre la privada y concertada", destacan en un comunicado conjunto. "Tras la publicación de la normativa del Bono Infantil, que incluye la gratuidad de las aulas de dos años en las escuelas municipales, la apertura de numerosas aulas de dos años en los colegios públicos y la negativa de la conselleria a equilibrar las condiciones de subvenciones en la red de 0 a 3 años, las patronales que agrupan a estas empresas han decidido denunciar ante el TSJ la vulneración de derechos a centros, familias y trabajadores  y la repercusión negativa que tienen sobre ellos estas nuevas condiciones en que se sitúa a sus centros escolares en clara desventaja económica ante los públicos", añaden en un comunicado.

El anuncio de este recurso contencioso es la respuesta de Feceval, Escacv y Acade al plan de adelanto de la escolarización gratuita para niños y niñas de dos años en la enseñanza pública que ha lanzado para el próximo curso la Conselleria de Educación. El departamento del conseller Vicent Marzà ofrece a las familias con hijas e hijos nacidos en 2016 optar a más de 14.400 plazas en colegios públicos y escuelas infantiles municipales y de la Generalitat.

Hace dos años vinieron al mundo en la Comunitat Valenciana un total de 41.997 niños y niñas, con lo que uno de cada tres nacidos en 2016 podrán optar a una plaza pública suponiendo que la distribución geográfica de esta oferta case con la demanda de las familias.

Críticas a la "gratuidad selectiva"


Los Centros de Educación Infantil (CEI) privados, como se llaman ahora las antiguas guarderías, se ha mostrado críticos con la «gratuidad selectiva» en Infantil 2 años que impulsa la conselleria, a quien acusan de vulnerar «el principio de igualdad de trato» con el nuevo Bono Infantil para las «escoletes» municipales. El sector de la enseñanza privada alerta de los cierres y de la consiguiente pérdida de empleos al que se verán abocados las guarderías por el trasvase de alumnado de la enseñanza privada a la pública.

Para el presidente de Feceval, Alberto Villanueva, "es evidente que nos encontramos ante la ley del más fuerte, con desinterés por el dialogo y la falta de la más elemental sensibilidad ante un sector que históricamente ha venido desarrollando una extraordinaria labor social en favor de la conciliación familiar; una entre las muchas razones de ser de unos equipos humanos de intachable responsabilidad y profesionalidad que ahora ven sus puestos de trabajo en el aire".

Por su parte la secretaria autonómica de Escacv, Vicenta Rodríguez, "hemos dado un paso al frente todos unidos porque no vamos a tolerar que la cuestión económica sea el factor decisivo en la elección de un centro porque de este modo se rompe el principio de libertad de enseñanza en igualdad de condiciones. Una vez más la Generalitat está contra los derechos de las familias y los titulares de los centros y no vamos a tolerar que se juegue con el futuro de la educación de los más pequeños. Podían haber planteado muchas soluciones pero han elegido la peor de todas".

Asimismo la presidenta de Acade en la Comunitat, Carmen Bardal, "estamos luchando por la supervivencia de un sector que realiza una labor educativa y social altamente profesionalizada. Con esta actuación, el Gobierno autonómico pone en peligro la viabilidad de una red de más de 500 centros educativos distribuidos por toda la comunidad y autorizados por la propia conselleria y se está jugando con los puestos de trabajo en un sector que está altamente feminizado".

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