Argumenta la Conselleria de Educación que el decreto llega 32 años después de lo que debería. La Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de 1983, daba tres años para su desarrollo reglamentario, como sería la regulación del uso del idioma en la Generalitat. Sin embargo, no ha sido hasta esta legislatura cuando se ha realizado, subraya Rubén Trenzano.
El objetivo de Política Lingüística, añadió ayer, ha sido fundamentalmente el de desarrollar la ley de 1983. Lo ha sido con el decreto ahora parcialmente rechazado por el TSJ, con los criterios para atar la capacitación en valenciano en la Función Pública, con el proyecto del plurilingüismo en la educación o con la Oficina de Derechos Lingüísticos.
La mayoría de las iniciativas lingüísticas del departamento de Vicent Marzà han tropezado con los tribunales. Y uno de los argumentos habituales es que van más allá de lo previsto en la Llei d'Ús de hace 35 años. Con todo, Trenzano considera que antes de plantearse una nueva ley marco sobre el valenciano conviene «desplegar» la vigente con toda su potencia. Si alguien se plantea abrir un nuevo camino legal, «no será ya en esta legislatura», apostilla.
Para Podemos, en cambio, es una posibilidad que habría que empezar a contemplar. «han pasado 35 años, el momento es otro y muchos problemas de equidad lingüística y aprendizaje del valenciano no se han resuelto. Necesitamos actualizarla a un nuevo contexto», afirmó Antonio Estañ a Levante-EMV.
Fran Ferri (Compromís) señala que el problema está en que hay partidos (el PP es el que presentó el recurso) «que están en contra del valenciano y atacan toda medida de promoción». No obstante, «no nos cerramos a actualizar una ley de 1983», precisa, siempre con el objetivo de la «igualdad lingüística».
El PSPV es algo más prudente. Manolo Mata cree que los recursos a la sentencia pueden prosperar y es mejor esperar: «La ley está bien, no comparto la interpretación que de ella hace la sentencia».
