El futuro de la medida estrella del Consell del Botànic para el curso que arranca dentro de mes y medio, la extensión de la gratuidad de la enseñanza en Infantil 2 años a más de 14.400 plazas en colegios públicos y escoletes municipales y de la Generalitat, está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat. Las tres patronales autonómicas la enseñanza, la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval), Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv) y la Asociación Española de Centros privados de Enseñanza (Acade) se han unido para presentar de forma conjunta ante el TSJ el anuncio de un contencioso administrativo contra la orden de la conselleria de Educación que fija las bases del Bono Infantil de 0 a 3 años y la resolución que regula su convocatoria.
Las tres organizaciones han decidido actuar de forma conjunta porque el Consell «ha roto la igualdad de trato a los alumnos y aulas de dos años, primando la educación pública sobre la privada y concertada», destacan en un comunicado. «Tras la publicación de la normativa del Bono Infantil, que incluye la gratuidad de las aulas de dos años en las escuelas municipales, la apertura de numerosas aulas de dos años en los colegios públicos y la negativa de la conselleria a equilibrar estas condiciones de subvenciones con la red de 0 a 3 años privada, las patronales que agrupan a estas empresas han decidido denunciar la vulneración de derechos a centros, familias y trabajadores y la repercusión negativa que tienen sobre ellos estas nuevas condiciones en que se sitúa a sus centros escolares en clara desventaja económica ante los públicos», añaden en un comunicado.
La suspensión cautelar, en estudio
El anuncio de este contencioso llega antes de que acabe el plazo para recurrir la normativa. El paso siguiente será la presentación efectiva del recurso. Entonces, el equipo jurídico de las tres patronales decidirá si se reclama la suspensión cautelar de la convocatoria, lo que podría afectar a la escolarización de más de 14.400 niños.
Esta es la respuesta de Feceval, Escacv y Acade a la ampliación plan de adelanto de la escolarización gratuita para niños y niñas de dos años en la enseñanza pública con el que la conselleria triplicará las plazas el próximo curso. El departamento del conseller Vicent Marzà ofrece a las familias con hijas e hijos nacidos en 2016 más de 14.400 plazas en colegios públicos y escoletes municipales y de la Generalitat.
Hace dos años vinieron al mundo en la Comunitat 41.997 niños y niñas, con lo que uno de cada tres nacidos en 2016 podrán optar a una plaza pública suponiendo que la distribución geográfica de esta oferta case con la demanda.
Los Centros de Educación Infantil (CEI) privados, como se llaman ahora las antiguas guarderías, se han mostrado críticos con la que califican de «gratuidad selectiva» en Infantil 2 años y acusan a la conselleria de vulnerar «el principio de igualdad de trato» con el nuevo Bono Infantil para las «escoletes» municipales. El sector de la enseñanza privada alerta de los cierres y de la consiguiente pérdida de empleos al que se verán abocados las guarderías por el trasvase de niños de la privada a la pública.
Para el presidente de Feceval, Alberto Villanueva, «nos encontramos ante la ley del más fuerte, con desinterés por el dialogo y la falta de la más elemental sensibilidad ante un sector que ha venido desarrollando históricamente una extraordinaria labor social en favor de la conciliación familiar y que ahora ve sus puestos de trabajo en el aire».
«Paso al frente unidos»
«Hemos dado un paso al frente todos unidos porque no vamos a tolerar que la cuestión económica sea el factor decisivo en la elección de un centro porque de este modo se rompe el principio de libertad de enseñanza en igualdad de condiciones. Una vez más la Generalitat está contra los derechos de las familias y no vamos a tolerar que se juegue con el futuro de la educación de los más pequeños», advierte la secretaria autonómica de Escacv, Vicenta Rodríguez.
Asimismo la presidenta de la sectorial de Acade de centros de educación infantil de la Comunitat na, Carmen Bardal, alerta de que el Gobierno autonómico «pone en peligro la viabilidad de una red de más de 500 centros educativos y se está jugando con los puestos de trabajo en un sector que está altamente feminizado».
