Cuatro meses y medio después de la entrada en vigor de la nueva ley de contratos públicos los municipios consideran que ya han visto suficiente y que la exigente norma, que está provocando un colapso en especial en los ayuntamientos de menor tamaño, ha de ser cambiada.
PSPV, PP, Compromís y EUPV (Ciudadanos se abstuvo) aprobaron ayer en la junta de portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) presentar una moción en todos los consistorios para reclamar al Gobierno que modifique la ley.
De esta manera, tanto el partido bajo cuyo mandato se aprobó la citada norma (PP), una exigencia de la Unión Europea (UE), como el que ahora está en la Moncloa tras el triunfo de la moción de censura (PSOE) se han manifestado en el organismo que agrupa a los representantes municipales en contra de la nueva normativa.
«Una ley larga y compleja -dicen en la moción que se presentará en los consistorios- que incorpora numerosas exigencias e informes, lo que requiere de una profesionalización de técnicos de los que no disponen los ayuntamientos y que, como consecuencia, produce el efecto contrario, una administración paralizada que vulnera/lesiona la prestación del servicio público ágil y efectivo para los ciudadanos».
Como publicó Levante-EMV el pasado día 15, la aplicación de la ley está provocando un colapso en los municipios pequeños, con dificultades para acceder a las novedades digitales que incorpora la nueva reglamentación. El principal obstáculo para estas localidades es la obligatoriedad de usar una plataforma electrónica para las contrataciones, que busca evitar los criterios subjetivos y basar la elección de la firma adjudicataria en algoritmos matemáticos.
La norma obliga además a contar con portal de transparencia y perfil del contratante, posibilidades telemáticas fuera del alcance de muchos municipios de menor tamaño, que son la mayoría: se considera que cerca de 400 de los 542 de la Comunitat Valenciana son medianos o pequeños.
Estas poblaciones «no tienen la rápida capacidad de adecuación a todos estos imperativos legales que distan en gran manera del escenario municipal, fundamentalmente en la falta de preparación tecnológica», añade la moción.
Lo que los partidos valencianos reclaman ahora sin oposición (solo Cs se abstuvo ayer en la FVMP) es un nuevo texto «más simple, cohesionado y menos voluminoso que facilite la aplicación de los principios que se derivan de las directivas del Parlamento Europeo».
Ante las complicaciones procedimentales en las contrataciones, en especial en los contratos menores para evitar su uso como vía de escape a los mecanismos de control, los municipios piden facilidades para contratar a más personal, algo muy limitado en la actualidad por las tasas de reposición heredadas de la gestión del ministro Cristóbal Montoro.
La conclusión es que los ediles valencianos «se sienten desbordados ante un cambio normativo que no ha tenido en cuenta la realidad de la contratación administrativa local».
Los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana labran sobre un terreno abonado. Según ha podido saber este diario, ya se han mantenido encuentros con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez de cara a introducir cambios en la ley de contratos públicos o a habilitar fórmulas que exoneren a las entidades locales de menor tamaño de la aplicación de algunos preceptos.
Lo llamativo de la situación es que la directiva europea tiene ya cuatro años y que la ley es de 2017, aunque tenía una moratoria para su entrada en vigor. Sin embargo, ha pillado a los ayuntamientos con el pie cambiado.
