Ximo Puig deshoja estos días la margarita: aprieta el botón del adelanto electoral o espera hasta el 26 de mayo de 2019. La tentación es grande. Tanto que en las últimas semanas el jefe del Consell y líder del PSPV ha pedido opinión a diversos dirigentes de su partido y cargos del Consell, según ha podido corroborar este diario en fuentes socialistas. En el entorno de Puig, por su parte, quitan hierro a estos contactos, que no han pasado a la fase decisiva: la de la consulta con la vicepresidenta y líder de los socios de gobierno, Mónica Oltra.
No obstante, los preliminares son importantes. La toma en consideración entre varios de los principales responsables del PSPV da cuenta de que no se trata de una idea fútil y de que Puig no quiere coger por sorpresa a los suyos si finalmente pulsa el botón.
El runrún lleva en el panorama político valenciano desde hace meses. En abril, tras uno de los almuerzos regulares entre Puig y Oltra, parecía desactivado. Es más, aquel encuentro se dio a conocer fundamentalmente con ese fin. Sin embargo, entonces no había tenido lugar la moción de censura que obligó a Mariano Rajoy a volver a la profesión de registrador de la propiedad.
El factor Pedro Sánchez en la Moncloa es un empuje de varios puntos en las expectativas electorales de los socialistas y existe un coro de notables que insiste a Puig sobre las bondades de sacar las urnas cuanto antes. La lógica dicta que el viento de cola que ha supuesto el golpe de ilusión del ascenso a la presidencia del Gobierno debe de ir amainando con el paso del tiempo.
El secretario general del PSPV, sin embargo, necesita un motivo (y no cualquiera) para disolver las Corts. Cuando en los primeros meses del año se suscitó el debate, el bloqueo del Gobierno de Rajoy a una nueva financiación autonómica suponía un buen argumento. Hoy lo es mucho menos, con el anuncio de Sánchez de que va a intentar cerrar la reforma del sistema en esta legislatura.
La imposibilidad de aprobar los presupuestos valencianos de 2019 se perfila como la causa de peso que justificaría una decisión del calado de un anticipo electoral. Podemos ya lo puso difícil en los de 2018. Ese factor puede chocar, no obstante, con el calendario que maneja Puig y que pasa por no demorar la disolución de la Cámara si ese es el veredicto final al que llega. El bloqueo de las cuentas es el argumento que también está sobre la mesa para un hipotético adelanto electoral en Andalucía.
Puig está convencido de que es positivo que en algún momento la C. Valenciana se desmarque del conjunto de las autonomías (de segunda generación) y tenga convocatoria electoral por su cuenta. Reforzaría una voz propia en el mapa estatal, uno de los objetivos del Consell del Botànic. El dilema es si ha llegado ese momento.
Ahí entra en juego la lealtad con el socio de gobierno. De momento, las consultas de Puig no han llegado a la líder de Compromís y vicepresidenta. El adelanto, tal como está concebido por quienes lo defienden, favorece las opciones del PSPV y eso supone que perjudica las de la coalición, con la que además los socialistas presumiblemente deberán continuar pactando para gobernar en caso de ganar. Puig, quien tiene la potestad única, llegado el momento deberá decidir si pulsa el botón a pesar de que Oltra no comparta la decisión.
A Compromís le pillaría sin primarias resueltas para designar candidatura, Ciudadanos se encuentra en situación similar (a la espera de si Toni Cantó da el paso al frente) y el PPCV se encuentra en pleno recrudecimiento de su lenta batalla interna. El PSPV está exento de primarias al tener la presidencia de la Generalitat.
Los ingredientes están en la caldera. A Puig, tras las opiniones recogidas, le toca cocinar el menú: o disolver el Parlamento en otoño de primer plato o esperar a los postres de mayo de 2019.
