El Gobierno central reclama 3,7 millones al Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) del hospital La Fe de València por las supuestas irregularidades administrativas en dos expedientes de subvenciones del Ministerio de Economía por las obras en la construcción del Biopolo, la Torre A y una sala específica del cultivo celular.

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, explicó ayer en rueda de prensa los acuerdos del Patronato del Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe después de que el pasado 3 de mayo convocaran el asesoramiento jurídico externo para definir las actuaciones que se habían detectado en el Informe de Auditoría de Regularidad Contable del año 2016 sobre las obras mencionadas. La auditoria reveló, según la consellera, ciertas irregularidades relacionadas con las subvenciones públicas solicitadas al ministerio para la obra de la Torre A y del Biopolo, un nuevo edificio destinado a la investigación, traslación y explotación del conocimiento biomédico.

Concretamente, estas irregularidades afectaban a dos expedientes. El primero de ellos es una subvención solicitada y otorgada en el año 2009 por la Secretaria de Estado de Investigación, que concedió 1.100.000 euros para la construcción de una sala específica del cultivo celular. El plazo de ejecución que concedió el ministerio fue desde el 1 de noviembre de 2009 hasta el 1 noviembre del 2012.

Esta obra de la sala específica del cultivo celular debía de estar concluida en noviembre de 2012. Sin embargo, Barceló desveló que «es el 25 de octubre de 2012, a escasos días que de concluyera el plazo dado por el ministerio, cuando se adjudicó la contratación de las obras. El 29 del mismo mes -sigue explicando Barceló- se firmó el contrato de ejecución y el 31, dos días después de la firma del contrato, se presentó una certificación ordinaria de la obra por importe de 1. 100.000 euros que se pagó inmediatamente». Según la explicación de Barceló, el proyecto de la sala «se adjudica, se firma el contrato, se construye y se abona el importe en tan solo seis». Esto ha supuesto que el Ministerio, en enero de 2018, solicitara al Instituto de Investigación Sanitaria de la Fe el reintegro de los mencionados 1,1 millones, un importe al que tiene que hacer «frente nuestro Patronato de la Fundación», explicó Barceló. La consellera aclara que «es llamativo la imposibilidad de concluir una obra de esta envergadura en tan solo seis días pero también es imposible se pagara esta cantidad», sentenció.

En el segundo expediente, se tramita con el mismo «modus operandi», según la consellera, en la ejecución de obras de acabado de instalaciones y acondicionamiento de la torre del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, en concreto, la primera fase de la finalización de la Torre A y del Biopolo.

Las obras se financiaron con dos préstamos en 2010, el primero por importe de 3.185.430 euros; y otro préstamo de 1.375.570 euros concedido por el Ministerio de Economía el 15 de diciembre de 2010, «distinguiendo para cada año la parte correspondiente a préstamo y la parte de anticipo reembolsable».

Tras solicitar varias prórrogas que fueron concedidas, «lo curioso», destacó Barceló, es que la firma del contrato tuvo lugar en diciembre de 2012, cuanto los trabajos debían haber estado ejecutados entre 2010 y 2011. El Ministerio reclama ahora la devolución de 2.600.000 euros de las subvenciones concedidas para la primera fase de la finalización de la Torre A y del Biopolo.

La reclamación del Gobierno corresponde al pasado enero, aún con gobierno del PP. El Ministerio reclamó la devolución de las subvenciones, de las que «algo se ha pagado» según Ana Barceló, pero queda pendiente, por un lado, los 1,1 millones de euros del primer expediente y, por otro lado, 2,6 millones del segundo. «Evidentemente, haremos gestiones ante el Ministerio para intentar llegar a un acuerdo sobre la devolución» pero no hay ningún plazo para rembolsar las mencionadas ayudas. La Conselleria de Sanidad, según apuntó Barceló, achacó las anomalías encontradas a la «nefasta gestión del dinero público» en la anterior etapa del PP, por lo que se ha decidido dar traslado a la Fiscalía.