Los dos testigos citados a petición de los investigados por el accidente del metro han resultado finalmente contraproducentes para su exculpación. Los comparecientes eran los dos máximos responsables del área de riesgos laborales en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en los años previos y posteriores al siniestro del 3 de julio de 2006, Dionisio García y Begoña de Torres.

Ambos admitieron las deficiencias de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales que era «inexistente» cuando Dionisio García se incorporó a la empresa en 2004 y «no adecuada» cuando se tramitó el primer plan de prevención, declararon ayer ambos ante la jueza de Instrucción 21, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su comparecencia.

La declaración de Dionisio García tenía miga porque es el exdirectivo a quien cuatro imputados por el accidente del metro señalaron como responsable de las decisiones sobre prevención de riesgos laborales y del control de la velocidad en los trenes. Un ardid de las defensas ya que García sólo podía ser imputado por el accidente con 43 fallecidos hasta el 3 de julio de 2016, pero no después. García sí que fue señalado como uno de los trece responsables en la comisión del accidente del metro de las Corts por «la falta de cumplimiento de la ley de Prevención de riesgos laborales». Y es el único de los seis directivos de FGV considerados responsables en esta investigación parlamentaria que no está investigado en la causa judicial.

García fue responsable de recursos humanos y de riesgos laborales en FGV desde enero de 2004 hasta octubre de 2007. E hizo de asesor omnipresente de muchos de los comparecientes en la primera comisión paripé sobre el accidente que se resolvió en cuatro días en 2006. En 2007 fue ascendido a director de operaciones y mano derecha de facto de la entonces gerente, Marisa Gracia, hasta que fue despedido en 2013 tras el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado en la empresa en 2012.

En su declaración de ayer, Dionisio García señaló que cuando llegó a la empresa no existía ningún plan de prevención de riesgos laborales y ni siquiera ningún responsable de esta área (a pesar de que la ley que la regula está en vigor desde 1995). Tampoco estaba disponible dos años después de su llegada, en el momento del trágico accidente de 2006, ya que el primer plan de prevención de riesgos laborales de FGV no existío hasta 2008.

Aunque García explicó que la seguridad en la explotación ferroviaria no se regulaba en el plan de prevención de riesgos laborales, sino en el reglamento de circulación de FGV, aprobado de forma interna sin aval formal de la Conselleria de Obras Públicas o Infraestructuras «del que nadie se quería responsabilizar». Y en el que se realizaban modificaciones «de palabra». También señaló que la seguridad en la circulación se trataba en el comité de seguridad en la circulación, pero que éste sólo tenía carácter consultivo. García también cargó en su declaración contra los sindicatos de FGV que les impidieron implantar «turnos donde primasen los descansos y la seguridad» porque los sindicatos, según su declaración, «pretendían incrementar las jornadas laborales a cambio de más días libres».

Tras Dionisio García declaró Begoña de Torres, la excoordinadora del servicio de prevención de riesgos laborales de FGV, quien admitió que el plan de prevención en la empresa era «no adecuado» y que las medidas preventivas no estaban por escrito y, por tanto, no existían porque «si la cúpula directiva de FGV no daba la información y formación no se podía hacer nada», aseguró.

Cabe recordar al respecto que los directivos de FGV mantuvieron oculta desde 2006 hasta 2011 (cuando creían que las responsabilidades penales por el accidente del metro habían prescrito) una auditoría de riesgos laborables desfavorable que una consultora hizo para la empresa ferroviaria el mismo año del accidente del metro.