Ana Botella Gómez (València, 1958) transmite serenidad, seriedad y entusiasmo por su trabajo, el mismo ambiente que exhala un despacho sorprendentemente "zen" dentro del lúgubre palacete que albera el Ministerio del Interior. Es el lugar desde el que dirigirá la parte más técnica de la lucha contra la violencia machista, la recuperación de las plantillas policiales o la reforma de cuarteles y comisarías y desde el que tratará de ayudar a conjurar la amenaza yihadista.
Es usted la primera mujer desde que comenzó la democracia en ocupar este puesto. ¿Cuándo dejará de ser noticia el género de un cargo público?
Cuando no nos llame la atención y no tengamos que hacernos la pregunta. Hoy en día en España y en la mayor parte de los países, las mujeres estamos trabajando con niveles de responsabilidad iguales a los de cualquier hombre. Yo ni siquiera me había planteado la cuestión.
¿Cómo influirá su condición de mujer en uno de los puestos clave y más sensibles del Gobierno?
Mi cualidad de mujer forma parte de mi persona. Intento que toda la capacidad de trabajo, mi experiencia, mi trayectoria personal y profesional puedan servir para aportar. Para eso entiendo que me han nombrado. Espero que eso sea lo que aporte valor. ¿Que va unido a una mirada femenina? Pues mejor aún. En la necesidad de conciliación, por ejemplo... Yo también soy madre y soy hija ; aspiramos a la máxima eficiencia en la gestión del tiempo, para poder organizar nuestra vida, y eso espero poder hacer aquí también.
Han recuperado la estructura organizativa que el Gobierno de Rajoy rompió, de un director adjunto operativo (DAO) entre el director general y la cúpula técnica
Sí. Se aprobó en el Consejo de Ministros del viernes. Era nuestra intención desde que llegamos: la Dirección Adjunta Operativa profesional para la Policía y para la Guardia Civil representa mejor la estructura de mando y de organización de ambos cuerpos.
Y ambos entendieron la maniobra del exministro popular Zoido como una huida hacia adelante para hacer limpieza tras las conclusiones de la comisión de investigación que salpicó al DAO de la Policía...
Desde luego, no era algo que formase parte de las demandas de ambos cuerpos y se presta a todo tipo de interpretaciones, incluida esa que hace usted...
¿Hay nombres para esos DAO?
No. Aún no (sonríe). Hay que ir paso a paso? Pero teníamos prisa por poner a punto toda la estructura organizativa del ministerio para estar operativos para dar respuesta a todas las cuestiones de seguridad que tenemos en estos momentos.
Este Gobierno tiene una evidente vocación de feminizar los cargos. ¿No cree que se podría haber colocado a alguna mujer al frente de la Policía o de la Guardia Civil?
En este ministerio hay bastante más igualdad ahora de la que había [tres altos cargos con ella a la cabeza], pero ha coincidido así. Aún quedan algunos nombramientos, así que vamos a esperar. Hay bastantes mujeres que aspiran a este tipo de puestos en seguridad, y nosotros lo vamos a apoyar.
Llevábamos más de una década de descenso permanente de la criminalidad que se rompió en 2016. ¿Por qué?
En esta última legislatura del Parrido Popular en 2016, hubo efectivamete un repunte del índice de delincuencia que nos preocupa seriamente, porque incluso algo que parecía más controlado, hemos visto que no era así. Estamos analizándolo y no sería riguroso anticipar conclusiones. Tenemos un gabinete específico en de la Secretaría de Estado que está desglosando el número de delitos, pero está siendo complicado porque ha habido variaciones en las series estadísticas y eso es muy peligroso, ya que impide que podamos seguir la trazabilidad y la evolución de los tipos de delitos. A veces se suman, se agregan conceptos distintos y eso desdibuja un buen diagnóstico. Las conclusiones servirán para poner en marcha planes específicos y atajar delitos que estén subiendo, dando una respuesta rápida y eficiente.
¿Qué le va a costar más trabajo, controlar la seguridad -hablo de delincuencia común y de terrorismo- o meter en cintura a altos cargos policiales que han estado amenazando los cimientos mismos del sistema en pro de beneficios personales?
Es una pregunta cargada de intencionalidad... (ríe). La primera es la razón de ser de este ministerio: garantizar el ejercicio libre de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como la seguridad y la protección de todos. La tasa de criminalidad se afronta en esa lucha del día a día contra los malos, como dicen los cuerpos de seguridad. En cuanto al yihadismo, es una amenaza global que incluye a España, pero, debido a la dificilísima etapa de terror que vivió España con ETA, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad tienen ahora una preparación en la lucha contra el terrorismo que nos permite tener un nivel de anticipación y un trabajo cotidiano muy intensos. Eso transmite seguridad y serenidad, pero sin bajar la guardia, porque es una amenaza muy viva y muy cruenta. Sobre la última cuestión, diré que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben ejercer su profesión de funcionario público de manera absoluta y escrupulosamente ética, basada en valores y en el cumplimiento de la ley. Este Gobierno no va a cejar en mantener el cumplimiento estricto de la función policial, que es para lo que están, y no para esas desviaciones que se han observado en alguna época anterior, y que ha sido objeto de investigación en el Congreso de los Diputados.
El comisario Villarejo, porque de él hablamos entre otros, sigue intentando poner al Estado contra las cuerdas. ¿Cómo puede haber llegado este asunto tan lejos?
Hay una investigación judicial en marcha con detenciones policiales ordenadas por un juzgado. Este señor lleva ocho meses en prisión. Asuntos Internos está investigando la cuestión, así que sería frívolo y poco riguroso entrar a valorar este asunto. Dicho esto, quiero dejar claro que todos los policías españoles, exceptuando este tipo de personajes, trabajan con profesionalidad y dentro estrictamente de los márgenes de la ley. Personajes como este no pueden socavar el buen nombre y el buen trabajo de los policías que a diario ejercen su funciones cuidando de la sociedad. Ellos son los primeros dolidos con ese tipo de actitudes. Las autoridades públicas, los gobernantes tienen la responsabilidad de cortar de raíz cualquier mínimo atisbo de desviación de poder. En el Parlamento se vio que ahí ha habido prácticas que debían haberse evitado y de las que hay responsables políticos, con nombre y apellidos.
Los cuarteles y comisarías de la Comunitat Valenciana están a la cola de España. Ha anunciado, como prioritarias, el inicio de la segunda fase de la obra faraónica que es Zapadores y la construcción de la comandancia de Alicante, pero hay muchos más...
Sí. Estamos realizando un mapa de situación y en septiembre tendremos una radiografía precisa y actual del estado de los cuarteles y comisarías. A partir de ahí, marcaremos las prioridades, teniendo en cuenta el estado de los edificios y la lógica del servicio. Pongo por caso, en València, la comisaría d Marítim, dejada de la mano de dios. Queremos aprovechar el polo innovador que está suponiendo el puerto y la Marina para instalar ahí las nuevas dependencias que requiere ahora ese entorno y la actividad que en él se ejerce, y restaurar la antigua para otros fines como seguir atendiendo la seguridad al barrio. Hay un problema presupuestario; es una herencia de años de abandono. Estos últimos 7 años de Gobierno del Partido Popular, si por algo se han caracterizado, es porque, bajo la excusa de la austeridad, se ha ejercido la irresponsabilidad de la no inversión. La seguridad es una prioridad. Se podían haber defendido planes extraordinarios en Europa que nos habrían permitido afrontar esas mejoras. No olvidemos que la seguridad de España es también la de Europa. Hay que afrontar una serie de retos a los que ahora, por esa irresponsabilidad, nos estamos enfrentando sin infrasestructuras, sin medios materiales y sin efectivos humanos. Es una asignatura pendiente que nos va a costar tiempo recuperar.
Pero la realidad no puede esperar. El propio ministerio reconoció esta primavera en una pregunta formulada por su partido, entonces en la oposición, que 34 de 168 cuarteles valencianos necesitan una intervención urgente y que la mayoría de las 19 comisarías de la CV tiene más de 43 años de antigüedad. ¿Qué va hacer con esto?
Sí, son datos objetivos. Además en la Comunitat Valenciana estamos doblemente penalizados: por una parte, en el sector de la seguridad, ya que somos una comunidad muy turística y con una posición geográfica que la convierte en lugar de paso obligado de muchas personas y mercancías, con todo tipo de instalaciones estratégicas (puertos, aeropuertos, red ferroviaria?, y, por otra parte, la infrafinanciación general a la que nos ha sometido el Partido Popular sobre todo en estos últimos siete años. Nos han situado a la cola de la cola.
Por no hablar de recursos humanos y materiales, muy inferiores a los de la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra. ¿Va a corregir esa desigualdad?
Sí. Por coherencia. En la oposición hemos defendido todo el tiempo esas mejoras. Esa radiografía también servirá para fijar estas prioridades. A corto plazo no se va a poder recuperar todo, pero hay que dotarles de medios.
¿Les va a dar tiempo?
A poner las bases, sí. Tenemos el tiempo ajustado, pero sí podemos establecer un plan y ponernos a trabajar en él.
Zoido anunció en mayo que incrementaría hasta 500 los policías que Interior cede a la Generalitat.
La previsión es que se firme en septiembre la renovación del convenio, del que se cumplen ahora 25 años. De las 500 plazas que prevé el catálogo de puestos, hay 393 cubiertas. Nos queda cerrar con la Generalitat a cuántas de esas plazas se va a poder atender, porque el convenio tiene costes compartidos. La relación es muy buena. La Generalitat está haciendo un excelente trabajo con esa unidad adscrita de la Policía Nacional, así que vamos a intentar llegar a máximos.
¿Y de dónde van a salir? La plantilla de Policía Nacional en la CV está por debajo de lo que prevé su propio catálogo; la aritmética no sale?
Primero vamos a ver cuáles son las necesidades y en qué periodo de tiempo lo podemos hacer. A todo no llegamos, está claro? Denos tiempo... (sonríe)
¿Tendrán que abrir de nuevo la mano en la convocatoria de plazas a policía y Guardia Civil?
El gobierno socialista está ampliando ya la oferta pública de empleo. Y poder sacar adelante ese 0,5 más sobre el techo de gasto previsto significaría poder atender necesidades como esta de ampliación de plantillas, que es lo que necesitamos.
¿Integrar a las policías locales, con un nuevo modelo policial, es una solución para aumentar esas plantillas?
Nuestra meta, ahora mismo, como Ejecutivo, es que haya la máxima coordinación entre todos los cuerpos policiales. Y es una prioridad, desde luego, en el tema del terrorismo, teniendo muy claros la naturaleza y el objetivo de cada uno de esos cuerpos. En cuanto a un nuevo modelo policial, habrá que esperar a las conclusiones de la comisión de estudio de la policía del siglo XXI que hay en el Congreso ahora.
¿Van a mantener la promesa de la equiparación salarial?
Sí. Hemos recibido la aportación que se consignó, de 310 millones de euros, y hemos reafirmado a la Policía y a la Guardia Civil nuestra voluntad de que se pueda pagar a partir del mes de octubre la primera nómina que incorpore ya ese acuerdo de equiparación salarial.
El número de mujeres en la Policía y en la Guardia Civil apenas ronda el 11 %. ¿Existe algún plan para atraer más mujeres?
Es una asignatura pendiente de la que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como ambos cuerpos son conscientes. En todas nuestras estrategias está incentivar el incremento de mujeres, tanto desde su entrada más básica, como impulsando para que puedan promocionar en sus carreras profesionales con medidas concretas de fomento de la conciliación familiar y laboral. Siendo secretaria de Estado y mujer voy a poner todo mi empeño en esta tarea.
No es por ser agorera, pero donde también hay un problema acuciante es en las cárceles: superpoblación, con Picassent a la cabeza, sobre esfuerzo de los funcionarios...
Estamos encontrando un nivel de problemas en muchos campos mayor de lo que esperábamos. En Instituciones Penitenciarias, por ejemplo, ha habido un desequilibrio y un deterioro no sólo en el número de funcionarios, sino también en la prestación de algunos servicios y especialidades, entre ellos el sanitario. En Alicante, por ejemplo, no está activa la unidad de mujeres. En estos 7 años se ha deteriorado mucho la situación. Hemos mantenido reuniones en, julio y con el ministro a la cabeza, con todos los representantes sindicales y a partir de ahí, el secretario general de Instituciones Penitenciarias hará un diagnóstico de la situación para redactar un plan de medidas para recuperar la normalidad.
