La asociación Acción Cívica contra la corrupción ha solicitado al juez del Caso Taula, Víctor Gómez, que cite a declarar al exinterventor general de la Diputación de València, que aclare el descontrol total en Imelsa durante los últimos cuatro años que estuvo Marcos Benavent al frente de esta empresa pública. En el escrito de Acción Cívica, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la asociación de lucha contra la corrupción que ejerce la acusación popular en algunas piezas del Caso Taula, reclama la comparecencia del exinterventor general Ricardo Camarena Gil para que explique su actuación al frente de la institución, durante los años investigados por la justicia.
«El control financiero de la sociedad mercantil Imelsa, exigible según la normativa aplicable, no se realizó durante varios ejercicios presupuestarios que coinciden temporalmente con las actuaciones irregulares que son objeto de la investigación del presente proceso judicial y la responsabilidad de realizar e impulsar dicho control corresponde al Interventor General de la Diputación», señalan desde Acción Cívica contra la corrupción.
La entidad lamenta que, aunque Imelsa fuera una empresa pública sujeta al derecho privado, con «controles públicos atenuados» aunque «resulta inadmisible que ni siquiera esos mínimos controles se realizaran y se acabara sin ejercer el control financiero durante varios ejercicios presupuestarios, incumpliendo flagrantemente la obligación legal, lo que coadyuvó de forma significativa al descontrol absoluto en la gestión de la empresa Imelsa y a favorecer las actuaciones irregulares en el seno de la empresa que constituyen el objeto de la investigación penal».
No es la primera vez que se apunta en la investigación a la falta de control por parte de los responsables de la Diputación de València que tenían que velar por la legalidad de las decisiones y actos adoptados durante la presidencia de Alfonso Rus en la Diputación. El grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó en un informe aportado a la causa la posible responsabilidad de los dos interventores que tuvo la institución provincial entre 2007 y 2015 por el descontrol laboral que se alcanzó en la empresa pública Imelsa (Impulso económico local SA), mientras estuvo dirigida por Marcos Benavent.
Los agentes también pidió a la Diputación que detallara «si se hicieron informes de fiscalización de Imelsa entre 2007 y 2015 y, en caso negativo, se identifiquen los motivos por los que no se realizaron y quiénes eran las personas responsables de determinar el programa de fiscalización/auditoria de la Intervención de la Diputación de Valencia». Los agentes de la UCO también consideraban acertado que se recabara un informe de la Intervención General del Estado para que determinara «si se debieron haber realizado informes periódicos de fiscalización/auditoria en la empresa pública Imelsa y con qué periodicidad», tal como reclama también Acción Cívica contra la corrupción en su escrito.
La elección y nombramiento de Ricardo Camarena como interventor de la Diputación de València estuvo rodeada por la polémica desde el inicio ya que el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV) anuló hasta en tres ocasiones el nombramiento de Camarena, tras sucesivos recursos del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital) por considerar que no estaba suficientemente motivado.
Tras cada una de las tres anulaciones, la corporación provincial dirigida por Alfonso Rus dictaba decretos de nuevo nombramiento ampliando la justificación del mismo, aunque sin éxito porque todos eran tumbados judicialmente. El último nombramiento de Camarena como interventor lo hizo el sucesor de Rus en la presidencia de la Diputación, Jorge Rodríguez, en 2015, antes de convocar un concurso de méritos por el que fue sustituido en 2016
