«Existe la necesidad de cambiar los modelos que hasta ahora han privatizado los servicios básicos convirtiéndolos en precarios, por modelos con cláusulas sociales que diferencien el negocio donde solo se atiende el beneficio empresarial, de las entidades que trabajan por ofrecer buenos servicios y de calidad al ciudadano». Son declaraciones de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Pero no son de hoy ni de ayer. La vicepresidenta apenas llevaba unos meses en el Gobierno (octubre de 2015) cuando realizó estas declaraciones en la inauguración del «Encuentro Internacional sobre Economía Social y Administración Local. Las cláusulas sociales: La desmercantilización del estado del bienestar», organizado por la dirección general de Administración Local de la Presidencia de la Generalitat.

Años antes (desde la oposición) y meses después (ya en el Gobierno) Oltra habló de «desmercantilizar» un sector (el de la dependencia) privatizado por el PP donde había que revisar contratos, realizar nuevas adjudicaciones y revertir al sistema público, en la medida de la posible, los centros gestionados por empresas privadas. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra, la práctica. Por ello, la Plataforma en defensa de la ley de Dependencia le exigen a Oltra que cumpla con su programa electoral y con lo manifestado en diversas ocasiones en las Corts Valencianes «sobre la desmercantilización y reversión de los servicios gestionados por entidades con ánimo de lucro al sistema público» ya que «antes del Consell del Botànic había 89 centros ocupacionales y solo 9 estaban gestionados de forma pública por el IVASS (Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria) y tres años después la situación es la misma».

Y para muestra, un botón. En Sant Vicent del Raspeig hay un centro ocupacional (Maigmó) gestionado durante más de 20 años por la asociación de padres, tras una sucesión de contratos con la Administración cada 3 años, desde 1990 hasta el 31 de diciembre de 2015. La gestión del centro salió a concurso público, pero la asociación de padres no lo ganó. Lo hizo una empresa importante, que resultó ser la adjudicataria del mismo. La contratación con esta empresa debía ser el 1 de enero de 2016, pero se ha producido dos años después. Durante ese tiempo, la asociación de padres ha continuado con la gestión del centro.

Más de 550.000 € por 4,5 meses

De hecho, la Administración les adeuda 255.299 euros por la gestión de los últimos 4 meses. Así, en julio de 2018 se adjudicó un contrato para 4 meses y medio (agosto está cerrado) por valor de 558.954 euros más IVA, el doble de lo que la Administración le debe a la asociación de padres, aunque el tiempo sea el mismo (4 meses).

La asociación de padres no quería continuar con la gestión, así que no se opone a la licitación que han perdido. No podrían hacerlo. Sin embargo, temen la gestión empresarial en un centro ocupacional. «Oltra mantenía antes ese discurso, el de los servicios mercantilizados, el de las empresas donde prevalecía el dinero y no los cuidados a los usuarios. Por eso las familias se muestran temerosas», afirman desde la plataforma en defensa de la ley de Dependencia la Comunitat Valenciana.

Por ello, le propusieron a la Conselleria de Igualdad que, una vez finalice el contrato (en diciembre de este año), el IVASS asuma la gestión directa para revertir este centro al sistema público. Pero la conselleria se niega, y la plataforma de la dependencia no lo comprende. «El traspaso de la empresa se hizo en 3 días, deprisa y corriendo. Deben dinero a la asociación pero una empresa privada va a cobrar el doble por cuatro meses y medio. Y si se plantea la reversión, se niegan. Incomprensible para nosotros», concluyen desde la plataforma.