El Consell de Transparència, el órgano creado esta legislatura para cumplir con la ley de transparencia de la Generalitat, está al límite, tanto que ayer encajó su primera renuncia: la de la vocal Isabel Lifante, que ha decidido dar el portazo harta de esperar que la situación interna del consejo mejore. En su escrito presentado en las Corts, la profesora de la Universidad de Alicante fundamenta su adiós en la «imposibilidad» de seguir compatibilizando la dedicación que requiere el cargo con su trabajo universitario. «Tras dos años y medio de funcionamiento del Consejo de Transparencia, los medios, sobre todo, personales con los que cuenta son a todas luces insuficientes», se queja en su escrito en el que admite que los consejeros no dan abasto y que, en su caso, se exige una dedicación que no está en disposición de dar.
La marcha de Lifante, nombrada a propuesta de Compromís, evidencia una vez más el malestar interno de los miembros del organismo, pero sobre todo pone en solfa uno de los proyectos claves del Botànic para incidir en la transparencia. El malestar interno no es ninguna novedad ya que prácticamente desde el inicio del organismo su relación con la Conselleria de Transparencia ha sido tensa.
El organismo, está adscrito orgánicamente al departamento que dirige Manuel Alcaraz, aunque tiene independencia de funciones. La falta de medios para atender cientos de reclamaciones que tienen que ver con el buen gobierno y el acceso a la información fue denunciada desde el minuto uno por los propios miembros del órgano que al principo ni si quiera cobraban dietas. La tensión fue en aumento e incluso al año y medio de su puesta en funcionamiento, sus consejeros se llegaron a plantear la dimisión en bloque. La conselleria fue poniendo parches a la situación (con la regulación de las dietas e incremento de la partida para personal) pero el Consell de Transparència ha seguido quejándose, memoria tras memoria, de las dificultades para hacer bien su trabajo.
Fuentes del Consell de Transparència consultadas ayer por este diario indicaron que de momento no hay previstas nuevas dimisiones, si bien admitieron que están a límite: «Nos quedamos por sentido de la responsabilidad», aseguró a este diario su presidente Ricardo García Macho, quien no oculta su malestar al considerar que tanto la conselleria como los grupos parlamentarios han abandonado a su suerte al consejo.
La sensación dentro del Consell de Transparència es que se trata de una cuestión de rivalidad por parte de la conselleria ya que un consejo fuerte, con recursos y personal, podría dar más argumentos sobre lo innecesario de la conselleria.
Lo cierto es el que colapso se nota en el funcionamiento, ya que, a pesar de los esfuerzos, las quejas tardan en resolverse. Como publicó este diario, hace unos meses el Síndic de Greuges llegó incluso a dar la razón a un ciudadano que se quejó por sentirse desatendido. Fue un toque de atención y un golpe a la imagen de un órgano que debe velar para que el propio Consell cumpla con la transparencia.
Por su parte, desde la conselleria de Transparencia se apuntó que la salida de Lifante no había sido traumática ya que la vocal, que habló previamente con el conseller, también tenía motivos personales a la hora de tomar su decisión. Además, subrayaron que, pese a entender la situación del consejo, el respaldo presupuestario ha ido en aumento. En concreto, afirmaron que la partida pasó de 90.000 euros a 155.000 en 2018, sólo en gastos y sin contar personal. Para 2019, Transparencia indicó que dispondrán de 349.000 euros y recordó que han satisfecho su demanda de contratar una asesora jurídica. Además, recuerdan que la nueva ley de gobierno abierto, aún en tramitación, traerá mejoras ya que, además de afinar las tareas del Consell y, aunque se reduzca el número de miembros de cinco a tres, tendrán el estatus de alto cargo. Las Corts deberán llegar a un acuerdo para sustituir a Lifante. A Compromís le toca hacer la propuesta.
