La liberalización del sector del transporte privado es en esta guerra la madre de todas las batallas. Las reivindicaciones del taxi chocan con la voluntad de empresas medradas con el boom de los smartphones, Uber y Cabify, en un escenario regido por la liberalización comercial que defiende la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, las reglas que marcan el juego se escribieron mucho antes de que estas compañías naciesen.
La aprobación, en el año 2009, de la conocida como ley Omnibús por parte del gobierno socialista desregularizó el mercado de las VTC (licencias para el arrendamiento de vehículos con conductor, figura independiente del taxista).
Tuvo vigencia durante cuatro años, lapso durante el cual el mercado de la conducción colaborativa nació y comenzó a andar. Su crecimiento, amparado por la legislación, fue rápido: entre 2009 y 2013, Madrid pasó de tener 570 autorizaciones VTC a contar 2319, una por cada 7 taxis. El mercado había explotado en un marco legal pensado sin esos nuevos actores que habían entrado en el juego.
En 2013 se promulgó la Ley de Ordenación del Transporte (LOTT), destinado entre otros objetivos a detener la solicitud de licencias VTC que parecían reventar el mercado. Dos años después se aprobó finalmente mediante decreto el reglamento que la definía y limitaba una tasa de 30 taxis por cada VTC. No obstante, esta ley y sus reflejos en las distintas comunidades autónomas han venido encontrando el recurso de la CNMC, que tildaba las restricciones gubernamentales a los VTC de «injustificadas» y «perjudiciales» para consumidores, empresas y autónomos.
Primero, contra la misma reglamentación estatal. La última, la ley aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona el pasado jueves, que prevía reducir el número de VTC en la ciudad condal de 1.035 a 400, y cuya suspensión ha sido el detonante de esta huelga. No ha sido la primera referida a este caso: ya en febrero de 2016, después del primer recurso de la comisión de la Competencia al Reglamento de Ordenación del Transporte, 2.500 taxistas se manifestaron en Madrid contra dicha entidad.
La justicia, por su lado, había dado la razón hasta el momento a la CNMC y a los solicitantes de VTC que tramitaron su permiso amparados en el vacío legal de la ley Omnibús entre 2009 y 2015, y a pesar de la reglamentación aprobada a posteriori.
El pasado noviembre el Supremo concedió 80 licencias paralizadas desde 2014, decisión que podía sentar precedente sobre las cerca de 10.000 pendientes en toda España, 2.182 de ellas en la Comunitat Valenciana. Ello a pesar de la aprobación una semana antes de la Ley del Taxi valenciana, que adscribía la tasa de 30 taxis por VTC.
En abril el juicio por el recurso de la CNMC contra el Reglamento de Ordenación del Transporte quedó visto para sentencia; el fallo, publicado el 4 de junio, secundó la ley estatal. Actualmente, la ratio media es de 7 taxistas por VTC, 21 más de lo que el sector y la ley admiten.
