Si a un médico se le dificulta su trabajo, quien lo pagará será el paciente. Esta es la advertencia que están lanzando los profesionales de la Atención Continuada ante la entrada en vigor, mañana miércoles, del nuevo contrato del servicio de ambulancias en toda la Comunitat Valenciana y que elimina el servicio de traslado de personal médico y de enfermería a los domicilios en los puntos de atención continuada (PAC).
Por ahora, y en previsión del «caos» que puede suponer dejar que los médicos deban utilizar sus propios vehículos para ir a ver a los pacientes, los profesionales han consensuado unas líneas de actuación para atender las urgencias que incluye una llamada a la Policía Local o la Guardia Civil cuando se haya solicitado oficialmente al Centro de Coordinación de Urgencias CICU un transporte y éste se haya denegado.
Con esta forma de proceder, los médicos quieren que quede registrado la problemática a la que se van a ver expuestos: calculan que la nueva forma de trabajar puede suponer retrasos de más de media hora para atender avisos urgentes según zonas.
«En capitales como València en los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) contamos con transporte con conductor pero no pasa lo mismo en los centros de salud del resto de poblaciones, incluso grandes como Torrent, que abren por la tarde. Dependerá de lo lejos que esté el aviso o de cómo responda el CICU para valorar el servicio que recibirá un paciente en una urgencia», explica Carmen Castro, presidenta de la asociación Apacu-CV, que agrupa a los profesionales de atención continuada.
Según el documento de consenso al que han llegado, si el aviso es urgente o está lejos primero se llamará al CICU para pedir una ambulancia (con o sin dotación médica) ya que entienden que son ellos los responsables de coordinar el servicio y de tomar esas decisiones. «Desde la administración nos han asegurado que desde el CICU se será sensible a las peticiones de urgencia pero ha sido de palabra», reconoce Castro, por lo desconocen si esas llamadas suplirán en parte el problema del recorte de servicios aplicado en el nuevo contrato, adjudicado por 226 millones de euros a la UTE Ayuda.
Si la respuesta del CICU es no y se les sugiere echar mano de sus propios coches, los profesionales han pactado llamar a la Policía Local o la Guardia Civil para «avisar del problema y que se ha denegado el transporte». Será también una forma de registro horario, ya que los profesionales tienen intención de dejar constancia de los pasos dados en la historia médica. «Es una medida que va a afectar muchísimo a la atención que reciben los pacientes», ha advertido Castro.
Margen hasta septiembre
El sindicato de enfermería Satse llevó el recorte del servicio ante la Inspección de Trabajo y ésta dio cuatro meses a la Conselleria de Sanidad para dar una solución ya que los profesionales no tienen obligación legal de tener, siquiera, el carné de conducir. Pasados ya dos meses, Sanidad no ha dado pistas de cuál será la solución definitiva que deben aportar como tarde en septiembre. Mientras, y según se apuntó en la reunión del pasado viernes, los departamentos de salud tienen carta blanca para suplir las necesidades como consideren: desde taxis, a coches eléctricos o incluso bicicletas eléctricas.
